SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1122/2010-R

Los recurrentes, alegan la vulneración de sus derechos a la “seguridad jurídica” y a la propiedad privada, señalando: 1) La autoridad recurrida, pese a lo dispuesto por la Resolución 38/2006 de 23 de septiembre, emitida por el Juez Primero de Partido y de Sustancias Controladas del distrito Judicial de la Paz, no procedió a la devolución de los lotes 1 y 3 confiscados junto al consignado con el número 2, de propiedad de su hermano y condenado por el ilícito de tráfico de sustancias controladas; y 2) La Sentencia emitida dentro del proceso penal, dispuso la confiscación de la granja del Kilómetro 4, carretera a Quillacollo, a favor del Estado, también la devolución de los demás bienes, previa comprobación del origen lícito y la devolución de otros a terceros que no hubieran sido enjuiciados.; los lotes de terreno 1 y 3, ingresaron a propiedad de los recurrentes a título de anticipo de legítima por sus progenitores, a momento de disolver el vínculo matrimonial en 1983, ocho a nueve años antes de su incautación. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales de los recurrentes, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.