SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1155/2010-R
Fecha: 27-Ago-2010
III.4. Sobre la legitimación pasiva alegada por los demandados y sustentada por el Tribunal de garantías con relación a los Ministros demandados
El accionante, interpone el entonces recurso de amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional, contra los ex Ministros de la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Jaime Villarroel Ferrer y Wilfredo Ovando Rojas, quienes suscribieron el Auto Supremo 232; así también, contra los Ministros que, en la fecha de presentación del recurso, se encontraban ejerciendo la función de Ministros de la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Sandoval Parada y Julio Ortíz Linares; es decir, autoridades jurisdiccionales que en forma directa cometieron la supuesta vulneración de sus derechos y garantías, y contra las autoridades que los sustituyeron en la mencionada función jurisdiccional, que conforme al entendimiento de este Tribunal, tienen la facultad de revisar, modificar y, en su caso, anular el Auto Supremo emitido por la misma Sala, con la diferencia que antes ejercían dicha atribución anteriores funcionarios.
La legitimación pasiva, tanto de ex autoridades como de las actuales, dentro del mismo órgano o instancia que emitió la resolución -en este caso, la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia-, tiene su fundamento en razón a la responsabilidad civil con relación al resarcimiento de daños y perjuicios a los que las ex autoridades tendrían el deber de responder como consecuencia de su función jurisdiccional; y, para las vigentes, por la facultad que gozan de modificar, anular y, en su caso, emitir una nueva resolución.
En ese sentido, los Ministros de la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Sandoval Parada y Julio Ortíz Linares y, los ex Ministros, Carlos Jaime Villarroel Ferrer y Wilfredo Ovando Rojas, al ostentar o haber ejercido, el cargo a partir del cual se emitió el Auto Supremo impugnado, tienen legitimación pasiva para responder, dentro de sus facultades, sobre las consecuencias que pudiera acarrear la posible concesión de la tutela que solicita el accionante; una conclusión contraria, restaría eficacia a las resoluciones y sentencias constitucionales.
- recurso de amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan el recurso
- a)
- I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados
- Fragmento 5
- i)
- 1)
- concedió
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- III.1. Sujeción de la actuación del Tribunal Constitucional a la Constitución Política del Estado vigente desde el 7 de febrero de 2009
- “accionante”
- “conceder”
- III.3. Naturaleza jurídica del recurso de amparo constitucional
- III.3.1.
- III.4. Sobre la legitimación pasiva alegada por los demandados y sustentada por el Tribunal de garantías con relación a los Ministros demandados
- la casación no es una instancia adicional del proceso, sino un recurso extraordinario que tiene por objeto el enjuiciamiento de la sentencia, y no del caso concreto que le dio origen; de ahí que, tanto la doctrina cuanto la legislación, le reconocen un carácter excepcional a este recurso, siendo que en primer lugar, no procede contra toda sentencia sino sólo contra aquellas que el legislador expresamente señala en la Ley; y, en segundo lugar, porque su fin principal es la unificación de la jurisprudencia nacional y no propiamente la composición del litigio, es decir, la dilucidación de los hechos objeto del litigio, sino que el Tribunal de casación ponga correctivos a la diversidad de las interpretaciones del derecho realizadas por los distintos jueces o tribunales de instancia, así como a las transgresiones en que éstos puedan incurrir contra la legislación
- III.5.1.
- III.5.2.
- III.6. Sobre el Trámite de recusación
- Fragmento 27
- III.6.1. Sobre la recusación en la instancia del recurso de casación
- procederá a su sorteo a la Sala Penal correspondiente, la que inmediatamente decretará su radicatoria; lo que implica dar a conocer a las partes qué Ministros resolverán el recurso interpuesto, puesto que una vez notificadas las partes, además de la facultad que la ley concede para presentar fundamentos relacionados al recurso planteado, pueden promover la recusación contra alguno de los Ministros o autoridades jurisdiccionales que conforman el tribunal de casación, mientras no se dicte decreto de autos para dictar resolución; según dispone el art. 265 del Código de Procedimiento Civil (CPC), que marca la conclusión de la etapa de alegatos, a partir de la cual, sólo serán procedentes las causales sobrevinientes de recusación, de conformidad al art. 319 in fine del CPP.
- Fragmento 30
- III.6.2. Sobre la actuación del ex Ministro Relator, hoy demandado, suscribiente del Auto Supremo impugnado
- concedido
- REVOCAR