SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1161/2010-R

El recurrente, ahora accionante, señala como vulnerados sus derechos al trabajo y al debido proceso, ya que tanto en la Resolución Final 132/2006 emitida por el Tribunal Sumariante como en la Resolución Definitiva 028/2007 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, no se fundamenta la sanción de seis meses de suspensión sin goce de haberes que se le impuso y menos la sanción que fue elevada a doce meses; no se consideró la existencia o no de atenuantes y agravantes para aplicar la sanción; no se consideró ni se evaluó de forma asertiva la denuncia, los informes, las pruebas de cargo y descargo, ni los elementos importantes dentro del presente proceso disciplinario; se le está privando de su derecho al trabajo; que el Tribunal Sumariante a través de uno de sus miembros se ha convertido en juez y parte en la producción de pruebas y procesamiento en la vía disciplinaria. Consiguientemente, corresponde analizar si los hechos reclamados se encuentran dentro del ámbito de protección que otorga el amparo constitucional.