SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1406/2010-R

Las recurrentes solicitan la tutela de sus derechos a la propiedad, al trabajo, a la “seguridad jurídica” y a la presunción de inocencia, denunciando que fueron vulnerados por las autoridades recurridas, ya que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el chofer de un camión que era de su propiedad, por el delito de tráfico de sustancias controladas, la Fiscal de Materia de Sustancias Controladas procedió a secuestrar el referido motorizado; decisión contra la que interpuso incidente de devolución ante el Juez de Instrucción de Portachuelo del Distrito Judicial de Santa Cruz, quien dando curso a su solicitud dispuso la devolución del motorizado a su propietaria Isabel Rodríguez de Vicente; en razón a que demostró su derecho propietario, no haber participado en la comisión del delito imputado y, además, desconocía la actividad ilícita a la que se dedicaba su empleado; sin embargo de ello, en apelación; los Vocales de la Sala Penal Primera del mismo Distrito Judicial, revocaron la orden de devolución y entrega del mismo, intentando sobreponer el valor probatorio de los documentos, sin tomar en cuenta que la valoración de la prueba es atribución exclusiva de los jueces ordinarios que conocen en proceso principal. En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Tribunal de garantías, corresponde dilucidar si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos a los derechos fundamentales de las recurrentes, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.