SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1655/2011-R

La acción de amparo constitucional, se encuentra instituida por el art. 128 de la CPE, como una acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la misma Constitución y la ley, teniendo por objeto primordial su restitución o restablecimiento de manera inmediata y eficaz. El art. 129 de la Ley Fundamental, precisa que se interpondrá esta acción siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, reconociendo así su calidad subsidiaria. Por su parte, el art. 94 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), establece que el amparo procederá, siempre que no hubiera otro medio o recurso para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos.

En consecuencia, la acción de amparo constitucional no es un instrumento alternativo o sustitutivo de los medios o acciones ordinarias de defensa que la Constitución y la ley asignan a las distintas jurisdicciones, sean judiciales o administrativas; entendimiento ratificado por las SSCC 0453/2010-R,