SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1680/2011-R

El accionante alega la vulneración del principio de seguridad jurídica, los derechos al trabajo, a dedicarse al comercio y la garantía del debido proceso, toda vez que el funcionario municipal demandado, en su condición de Responsable del Proceso de Contratación, ignorando la adjudicación efectuada a su favor, por RA 36/2009 de 15 de mayo, determinó anular todo el proceso de contratación, sin observar lo dispuesto por el art. 41 de las NBSABS, puesto que dicha Resolución carece de la motivación y congruencia, pues no expresó fundamentos que determinen el incumplimiento o inobservancia a la normativa que amerite la anulación, además no estableció cuál es el vicio que invalida el proceso de contratación; aspectos que a pesar de haber objetado, solicitando que se deje sin efecto la determinación, el demandado mediante Resolución 37/2009 de 27 de mayo, con el argumento de estar fuera de plazo, sin rechazar ni admitir el reclamo o referirse puntualmente a los puntos denunciados como atentatorios a sus derechos, dispuso declarar agotada la vía administrativa y ejecutoriada la Resolución cuestionada. Corresponde analizar si los actos denunciados son evidentes y si ameritan otorgar la tutela solicitada.