SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1736/2011-R

Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación. (las negrillas nos corresponden).

En ese sentido, cuando se alega vulneración de derechos y garantías fundamentales como el derecho a la libertad o a la vida cuando esta íntimamente vinculada con aquella, deben denunciarse tales arbitrariedades, ante el juez de instrucción en lo penal, que es el medio idóneo y expedito con que cuenta el agraviado, para hacer valer sus derechos, si las circunstancias ocurrieran conforme el supuesto señalado supra, en ese sentido se han pronunciado las SSCC 0856/2010-R y 1127/2011-R, entre otras, indicando que: “Conforme a los arts. 54 inc 1) y 279 CPP, el Juez de Instrucción tiene la atribución de ejercer control jurisdiccional durante el desarrollo de la investigación respecto a la Fiscalía y a la Policía Nacional, eso, la misma norma legal en sus arts. 289 y 298 in fine obliga al Fiscal a dar aviso al juez cautelar sobre el inicio de la investigación dentro de las veinticuatro horas de iniciada la misma; pues es la autoridad judicial encargada de precautelar que la fase de la investigación se desarrolle en correspondencia con el sistema de garantías reconocido por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y las normas del Código de Procedimiento Penal; por ello, toda persona involucrada en una investigación que considere la existencia de una acción u omisión que vulnera sus derechos y garantías, entre las cuales el derecho a la libertad debe acudir ante esa autoridad” .