SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1736/2011-R

El accionante, alega que su representado es sujeto de persecución y procesamiento ilegal por la autoridad demandada, quien vulneró sus derechos a la defensa como componente del debido proceso, dado que sigue en su contra dos procesos penales a denuncia de la Ministra de Transparencia, Nardi Suxo Iturri, señalando: i) El primer proceso por el delito de desacato, donde el Fiscal demandado presentó imputación formal al Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal, solicitando la aplicación de medidas cautelares de arraigo y detención domiciliaria, sin tomar en cuenta que por su delicado estado de salud necesita acudir a centros médicos tanto en el país como en el extranjero, atentando contra su vida y su salud; y, ii) El segundo proceso, por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, en el que ofreció prueba pericial de “auditoría financiera-legal de carácter internacional” que no le fue concedida, lo que afectó la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa. En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Juez de garantías, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen persecución o procesamiento indebidos o ilegales, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.