SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1877/2011-R

De acuerdo a la jurisprudencia contenida en la SC 0354/2007-R de 7 de mayo que a su vez cita la SC 1845/2004-R de 30 de noviembre, se tiene que:”los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (así SC 0757/2003-R, de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión; sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida”.

Conforme a la jurisprudencia glosada, las citaciones y notificaciones tienen la finalidad de hacer conocer real y efectivamente al destinatario sobre alguna determinación judicial, de ahí que es necesario que las autoridades -judiciales o administrativas- que conocen un proceso deban extremar esfuerzos para que las partes conozcan efectivamente sus decisiones; pues si se asume una actitud pasiva, y no se toman las providencias necesarias para hacer conocer a las partes sus determinaciones, se les estaría provocando indefensión.

En ese contexto, se tiene que de acuerdo a las normas de procedimiento penal militar, las notificaciones con la resolución de alzada debe ser realizada de forma personal, asegurando así al procesado, el ejercicio del derecho a recurrir o impugnar la resolución de alzada cuando la misma le causara perjuicio, por ello, cuando no se observa o se incumple la previsión legal referida a la notificación, se restringe el derecho del procesado a la defensa, derecho plenamente garantizado por la Constitución Política del Estado.