SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0289/2011-R

Bolivia, se encuentra en un proceso legislativo de adecuación de las normas legales a la Constitución Política del Estado vigente, la cual entre los fines del Estado, en su art. 9.1, señala que entre otros, son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley “Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales“ (negrillas agregadas); y precisamente en desarrollo de dicha finalidad, el art. 178.I establece que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”(las negrillas son nuestras), añadiendo luego, en el art. 180.I que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”(las negrillas nos corresponden).

Es en ese sentido que las normas jurídicas y la labor jurisdiccional deben estar acorde a los principios de seguridad jurídica, armonía social, eficacia y eficiencia; de tal manera que en cada actuado se materialice la justicia y a través de ella el poder punitivo del Estado, devolviendo la paz social.