SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0344/2011-R

En ese sentido este Tribunal en la SC 0129/2010-R de 10 de mayo, en cuanto a la labor del juez constitucional señaló que: “Tanto los jueces de instancia o de garantías, como este Tribunal Constitucional, emiten fallos revestidos de fuerza en base a la jurisdicción y competencia emanada del Estado; por ello, a objeto de cumplir su misión de proteger o tutelar derechos fundamentales consagrados en el bloque de constitucionalidad, sus actos están sometidos a los principios rectores de esa potestad de impartir justicia que son: '…independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos' (art. 178.I de la Constitución Política del Estado CPE) dichos principios a su vez garantizan que los actos del juez constitucional estén dotados de una fuerza vinculante, libre de intromisión, o lo que es lo mismo, que se respete su independencia en el desempeño de sus funciones, esa es la garantía de la efectividad de sus fallos”.

Por ello, luego de un análisis de los efectos del fallo, la citada Sentencia Constitucional agregó que: “…dentro de un plano de equilibrio y de no interferencia entre órganos que forman parte del sistema judicial, el Tribunal Constitucional no puede interferir en la labor encomendada por ley a la Policía ni a la Fiscalía, tampoco puede prohibir el inicio de una investigación, siempre y cuando sea conforme a derecho y en los casos que corresponda, que también están definidos en la norma jurídica.

Entendimiento que implica una modulación a lo señalado en la                     SC 1077/2006-R, en lo que respecta a que: '…ningún juez o tribunal de garantías puede ser sometido directamente a una acción penal por las resoluciones que emita dentro de acciones tutelares, sin que previamente el Tribunal Constitucional proceda a revisar el fallo de origen y sin que existan elementos de convicción sobre su actuación dolosa o culposa…'. Puesto que como se tiene explicado, por el efecto jurídico inmediato de la otorgación de tutela, sí puede ser sometido a investigación, pero en el estricto marco del derecho, más no puede determinarse responsabilidad penal entre tanto, no se emita la sentencia constitucional respectiva, por otro lado, la determinación si existe o no responsabilidad penal o los elementos constitutivos del tipo penal, corresponden a la jurisdicción ordinaria, no así a este Tribunal, quien ante los casos de evidente ausencia de fundamentos y notoria inaplicabilidad de la Constitución, la ley o la jurisprudencia, sólo puede disponer la remisión de antecedentes al Ministerio Público, para que investigue y determine lo que corresponda, tal cual se tiene explicado.

Para ello, se tendrá que tomar en cuenta el grado de distanciamiento entre el hecho y la norma aplicada, el respeto o inobservancia a la norma y a la jurisprudencia constitucional que es de carácter vinculante, las consecuencias jurídicas inmediatas que provocó la concesión de tutela revocada por el Tribunal Constitucional, las circunstancias de cada caso particular, el daño provocado, la relevancia, efectos y trascendencia, que tendrán que evaluar las autoridades competentes, y en definitiva determinar si hubo dolo o culpa, o simplemente es excusable, conforme establecen las normas legales que rigen la investigación penal, la cual está sujeta a control jurisdiccional, exenta de discrecionalidad, control que puede ser jurisdiccional ordinario o constitucional a través de las acciones tutelares idóneas”.