SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0827/2011-R

entendimiento asumido por la SC 0805/2010-R de 2 de agosto, unificando los criterios sobre el tema, concluyó que: “De la jurisprudencia glosada se tiene que el Código de Procedimiento Penal en resguardo del derecho del imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable, estableció un límite temporal a la detención preventiva, pues el fundamento de la duración máxima de esa medida halla su explicación en el equilibrio que debe existir entre la necesidad de eficacia del proceso penal y el respeto al principio de inocencia del imputado. No obstante lo mencionado corresponde señalar que las autoridades jurisdiccionales tienen la plena potestad de exigir el cumplimiento de ciertas formalidades procesales a fin de garantizar la presencia del procesado o condenado en el proceso; y si bien es cierto que la SC 0947/2001-R exigía únicamente el transcurso del tiempo para la viabilización de la cesación de detención preventiva por la causal comprendida en el inc. 3) del art. 239 del CPP, no es menos evidente que los alcances de dicho fallo fueron modulados de manera general por la SC 0034/2005-R de 10 de enero, que establece que es el imputado quien debe demostrar con los elementos de convicción necesarios, que los motivos que fundaron su detención preventiva, han sido modificados o ya no existen, aspectos que no sólo serán valorados por el juez cautelar sino por el propio tribunal de alzada que conozca en apelación la Resolución que conceda o rechace la cesación de la detención preventiva; cual aconteció en autos. Así se explicó a través del Auto Constitucional 0005/2006-ECA de 20 de enero” (las negrillas son nuestras). Lo cual significa que para solicitar la cesación de la detención preventiva amparado en el art. 239.3 del CPP, no simplemente se debe tomar en cuenta el tiempo transcurrido, sino también otros aspectos que deben ser valorados por los jueces o tribunales ordinarios, a objeto de garantizar la presencia del procesado o condenado en el proceso.