SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0847/2011-R

Luis Hernando Tapia Pachi, en audiencia y en el informe escrito cursante de fs. 163 a 165, indicó que: Es evidente que en el mes de noviembre de 2006, conoció el proceso penal seguido por el accionante Luis Artemio Lucca Suárez contra Alejandro Ibarra Carrasco, Roberto Tito Paz y Carlos Vaca Barrón, por los supuestos delitos de estafa agravada, falsificación de documento privado y otros, que fue remitida a su Juzgado como consecuencia de una recusación interpuesta contra el Juez Séptimo de Instrucción en lo Penal, radicando la causa conforme a procedimiento. En forma posterior, mediante Auto debidamente fundamentado, el 29 de noviembre de 2006, declaró procedente la excepción de incompetencia en razón de materia interpuesta por los imputados, la que apelada fue confirmada. Luego, el ahora accionante interpuso contra su persona una serie de denuncias ante el Consejo de la Judicatura, con la finalidad de que lo suspendan del cargo y además sentó una denuncia en la Policía por el delito de prevaricato; siendo todas rechazadas y archivadas porque se demostró que su accionar fue conforme a la norma y no como mal adujo el accionante para favorecer a los denunciados.

En lo referente a los cuestionamientos vía constitucional de las resoluciones dictadas por el Ministerio Público, ello no es evidente, pues cada uno de los representantes legales cumplieron a cabalidad sus funciones, notándose que si bien la Resolución emitida por el Fiscal de materia es escueta, explicó claramente los motivos de hecho y de derecho en que basó su determinación; y, por su parte la que ratificó el rechazo, es mucho más clara y explícita e incluso amplió los fundamentos expuestos en la Resolución impugnada; de ahí que no es evidente que se hayan vulnerado derechos o garantías en la emisión de las referidas Resoluciones Fiscales.