SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1192/2011-R

La Constitución Política del Estado, con la finalidad de avalar el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, prevé la activación de acciones de defensa cuyo procedimiento está dispuesto a partir del Capítulo Segundo, del Título Cuarto, entre las que se encuentra la de libertad, acción que tiene por objetivo primordial el restablecimiento del derecho fundamental y a la vida, en los casos que se encuentre íntimamente ligada al mismo, a cuyas características principales de sumariedad, celeridad e inmediatez en la protección, se agregan las de informalismo al prescindir de cierto tipo de exigencias en su presentación, pudiendo ser interpuesta incluso de forma oral; y, generalidad e inmediación, que la hacen expedita y oportuna. Los presupuestos a los que alcanza esta garantía constitucional están instituidos en el art. 125 de la CPE, habiendo determinado la jurisprudencia constitucional su alcance y finalidad del siguiente modo: “…acción que conlleva un triple carácter: preventivo, correctivo y reparador, reforzando su particularidad de acción de defensa oportuna y eficaz, no sólo destinada a proteger los derechos de libertad y de locomoción, ahora también el derecho fundamental a la vida cuando está íntimamente ligada a aquéllos; entendimiento conforme al desarrollado en la SC 0023/2010-R de 13 de abril, que respecto al derecho de locomoción, señala: '…dada la íntima relación que existe entre esos derechos, es posible tutelar también al último de los nombrados, en aquellos casos en los que el derecho de locomoción está vinculado directamente con la libertad física o personal, o con el derecho a la vida o la salud…'”. (SC 1245/2010-R de 13 de septiembre).