SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1192/2011-R

         La acción de libertad, en virtud del principio de informalismo, carece de reglas rigurosas que limitan su interposición, a diferencia de otras acciones de defensa que necesariamente deben tener una debida argumentación cumpliendo los requisitos de forma y contenido; sin embargo, la garantía en estudio debe contener los elementos mínimos que permita a la autoridad de garantías resolver la situación concreta conforme a derecho, ya sea concediendo la tutela solicitada por el accionante, en caso de encontrar evidente la vulneración del derecho a la libertad, o denegarla en caso contrario.

         Conforme al contenido del art. 126 de la CPE, la acción de libertad procede contra autoridades y/o particulares, alcance que de manera expresa no estaba contemplada en la Constitución Política del Estado abrogada, habiendo concluido la jurisprudencia pronunciada en su vigencia que, sólo procedía contra autoridades o funcionarios públicos. Situación diferente se presenta en la actualidad, debido a que la jurisprudencia constitucional pronunciada en vigor de la Ley Fundamental promulgada el 7 de febrero de 2009, sostiene la posibilidad de interponerla contra servidores públicos como contra particulares, SSCC 0179/2010-R y 0667/2010-R entre otras.

“…se ha establecido el principio general según el cual, para la procedencia del hábeas corpus es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva…” (SC 0039/2010-R de 20 de abril, reiterada en la SC 1245/2010-R de 13 de septiembre).