SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1806/2012

            En el anterior régimen constitucional se estableció que la seguridad jurídica, se constituía en un derecho fundamental; sin embargo, a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, la seguridad jurídica se encuentra establecida en la normativa constitucional como un principio que sustenta la potestad de impartir justicia (art. 178 de la CPE) y a la vez es un principio articulador de la economía plural (art. 306.II de la Norma Suprema). Por otro lado, el principio de legalidad se mantuvo como se lo había definido en la jurisprudencia.

            En este sentido, los principios de seguridad jurídica y de legalidad, no son objeto de tutela a través de la acción de amparo constitucional, cuyo fin es dar protección a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política del Estado e Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado Boliviano y la ley. Así se ha pronunciado la jurisprudencia constitucional, como en la