SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1890/2012

           En ejecución de sentencia, por memorial presentado el 6 de julio de 2012, la accionante formuló oposición al desapoderamiento por saneamiento procesal, que fue rechazado por el Juez demandado mediante Auto de 16 del mismo mes y año, con el argumento de la existencia de un documento transaccional denominado según su cláusula tercera “Transacción y compromiso de desocupación y entrega de fundo y las parcelas adicionales”, suscrito por una parte por Vania Rosa del Prado Agramont y Fernando Alberto Bolaños Ruiz como propietarios y por otra parte, Marcos Zambrana Andia e Inés Velasco García como poseedores, de 10 de abril de 2012, reconocido ante Notario de Fe Pública 97 de Primera Clase  a cargo de Mery Ortiz Romero, por el que acuerdan la desocupación y entrega del fundo rústico descrito en la Conclusión II.1, conforme a las condiciones en dicho documento transaccional (Conclusión II.2).

           Consiguientemente, el amparo constitucional interpuesto por la accionante se deniega por dos razones fundamentales: La primera porque esta es una acción de defensa esencialmente subsidiaria, por lo que no puede ser utilizada en sustitución a los medios previstos en la ley, como en el caso concreto contra el Auto de 16 de julio de 2012, que rechazó el planteamiento de oposición al mandamiento de desapoderamiento, no formuló recurso de reposición conforme dispone el art. 45.II de la LAPCAF, es decir, en su oportunidad y en plazo legal no planteó el recurso o medio de impugnación que correspondía. La segunda, porque la accionante consintió libre y expresamente con los actos que ahora reclama, al suscribir un documento transaccional reconocido ante Notario de Fe Pública el 10 de abril de 2012, en el que se comprometió conjuntamente su esposo a desocupar y entregar el fundo objeto de la litis y las parcelas adicionales, conforme a las condiciones en dicho documento transaccional, documento que se constituye en una forma de conclusión extraordinaria del proceso, ello de acuerdo a lo dispuesto por el art. 314 y 315 del CPC y que fue precisamente el argumento central del rechazo del Juez ahora demandado a la oposición del mandamiento de desapoderamiento planteado por la accionante.