SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0059/2012

II.5. El accionante, presentó apelación incidental contra la Resolución de “11 de enero de 2012” (fs. 55 y vta.), la misma que es resuelta por las autoridades demandadas, mediante Resolución de “7 de enero de 2012”, confirmando el Auto apelado de 16 de enero de 2012, pronunciado por el Tribunal Segundo de Sentencia, por estar vigente el peligro procesal de fuga, conforme a la siguiente fundamentación: i) El Tribunal a quo no ha valorado correctamente la certificación domiciliaria, porque en dicho documento no indica con precisión la habitualidad del imputado ni a qué título vive en ese domicilio rural (como propietario, anticresista, inquilino, precarista, simple poseedor); además, de tratarse de un certificado contradictorio que acredita que tiene domicilio en la comunidad Aduana y que a la fecha se encuentra privado de libertad; y, ii) Existe una Sentencia condenatoria contra el accionante anulada por Auto de Vista, y se está a la espera de otro juicio donde se dictará una nueva sentencia, por lo que el peligro procesal de fuga no ha desaparecido; pues podría internarse en el monte o volver a su país de origen, existiendo inminente temor al no garantizarse la presencia del imputado durante el nuevo juicio oral, estando latentes los peligros procesales establecidos en el art. 234.1 y 6 del CPP (fs. 77 a 78 vta.).