SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0224/2012

En ese entendido, debe traerse a colación la SC 1688/2011-R de 21 de octubre, que sobre el punto expresaba: “Dentro de la teoría de la protección integral de la niñez, los niños y adolescentes son considerados sujetos de derecho progresivos, lo que significa que conforme al paso del tiempo en relación a su desarrollo asumen progresivamente sus derechos y obligaciones, en ese contexto es que las normas del Código Niño, Niña y Adolescente, hace especial énfasis en garantizar un proceso justo y respetuoso de los derechos del infractor y el de propender a su resocialización. En esa perspectiva, los arts. 5 y 6 del CNNA, disponen que los niños, niñas o adolescentes, como sujetos de derecho, gozan de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a su persona, sin perjuicio de la protección integral que instituye ese Código, cuyas normas deben interpretarse velando por el interés superior del niño, niña y adolescente, de acuerdo con la Ley Fundamental, las Convenciones, Tratados Internacionales vigentes y las leyes de la República. En concordancia con lo señalado, a través de los arts. 214 y 215 del CNNA, el Estado les garantiza el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, en todas sus instancias y al debido proceso, en cuya tramitación serán tratados con el respeto y consideración que se merecen como personas, sujetos de derechos, debiendo prevalecer en todas las actuaciones, investigaciones técnicas, periciales, el interés superior de los mismos. A su vez, el art. 231 del CNNA, señala que la libertad del adolescente y todos los derechos y garantías que le son reconocidos por la Constitución Política del Estado, por ese Código y otros instrumentos internacionales, sólo podrán ser restringidos con carácter excepcional, cuando sean absolutamente indispensables para la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley…” (las negrillas nos pertenecen). El razonamiento citado, guarda coherencia con los preceptos contenidos en los arts. 58 y 60 de la CPE, que consagran el interés superior de la niña, niño y adolescente, especialmente el art. 60 enuncia que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado” .

Con relación a la dimensión del derecho penal sustantivo, el art. 221 del CNNA, señala que se considera infracción a la conducta tipificada como delito en la ley penal, en la que incurre como autor o partícipe un adolescente y de la cual emerge una responsabilidad social, que conforme al art. 222 del mismo Código, se aplicará a los adolescentes desde los doce hasta los dieciséis años al momento de la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal o leyes penales especiales, siendo pasibles a las medidas socio-educativas señaladas en el citado Código. En la problemática en estudio, se tiene que AA fue aprehendido por la supuesta comisión del delito de contrabando de exportación agravado, previsto y sancionado en el art. 181 nonies del CTB, siendo aplicables las disposiciones citadas, ya que los delitos tributarios son disposiciones contenidas en una ley penal especial.

Respecto al ámbito procesal, el art. 265 del CNNA, preceptúa que el Juez de la Niñez y de la Adolescencia, es la única autoridad judicial competente para conocer, dirigir y resolver los procesos que involucren a niños, niñas y adolescentes. Por otro lado ordenar, al tratarse de un ilícito tributario, de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 149.II y 182 del CTB, también son aplicables las normas del Código de Procedimiento Penal en concordancia con las disposiciones del Código Niño, Niña y Adolescente desarrolladas precedentemente, que tienen como eje rector en relación al debido proceso y las garantías jurisdiccionales, los arts. 5 (Garantías), 214 (Debido Proceso), 227 (Derechos) y 230 (Garantías Procesales), aplicables a la problemática en estudio.