SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0352/2012

La imposición de multas no sólo busca la aplicación de celeridad en la solución de los litigios para impartir justicia, pronta y oportuna, sino que está íntimamente ligado al principio de economía procesal, que conforme a la SC 0400/2005-R de 19 de abril, éste tiene la finalidad de “…evitar que el trabajo del juez se vea duplicado y que el proceso sea más rápido, consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia”.

Empero no todo desistimiento es injustificado sino puede deberse a diferentes circunstancias personales y no resulta racional obligarle a la parte accionante a que necesariamente se resuelva el fondo de la problemática con el temor de no ser multado cuando conforme se vio, el accionante perdió todo el interés de forma que la multa automática y obligatoria no es adecuada con el derecho de acción a la justicia. Por otra parte, puede suceder que en realidad la causal de denegatoria -subsidiariedad, inmediatez, requisitos admisibilidad- sea tan notoria que en realidad debió ser observada por juez o tribunal tutelar sin que se lo haya hecho en cuyo caso resulta que quien provocó se continúe con todo el movimiento del aparato jurisdiccional es en realidad el juez o tribunal de garantías.