SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0414/2012

           En ese sentido, la SC 0008/2010-R, modulando el entendimiento de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, instituyó el nuevo razonamiento de la excepción de subsidiariedad, cuyo fundamento estriba en los siguientes términos: “…El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por él o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas fueron agregadas).

           Entonces, la jurisprudencia citada conlleva al entendimiento que los medios y mecanismos específicos previstos en la ley, deben otorgar la plena garantía y seguridad para la protección rápida, efectiva y apropiada de los derechos que son tutelados mediante la acción de libertad; de modo que lo que se busca es brindar una protección y reparación inmediata de los derechos a la vida, a la libertad física y de locomoción; sin embargo, si los recursos o medios ordinarios resultan ser inapropiados, inoportunos, ineficaces o inconducentes en la protección o restitución de los supuestos derechos lesionados, no corresponde acudir a ellos, por cuanto no otorgan las garantías necesarias ni condicen con la prontitud que amerita su atención.

           Así, el juez o tribunal de garantías, previo al análisis de la situación planteada debe tener presente si el accionante acudió a las instancias intraprocesales buscando la reparación de los derechos conculcados y si éstas efectivamente brindan la debida seguridad en su cometido. Ante la constatación de una vaga e inapropiada instancia para reclamar los derechos, compele prescindir de ellos, pudiendo en este caso el agraviado concurrir a la instancia que mejor seguridad permita.