SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0431/2012

La orientación que sigue la normativa latinoamericana, es la de constituir la acción de amparo constitucional como un instrumento de defensa y protección, frente a las vulneraciones actuales o amenazas inminentes de su transgresión, restricciones o violaciones propiamente dichas a los derechos fundamentales; de ahí que esta acción de defensa, ha sido plasmada en normas y mecanismos de carácter internacional de protección de los derechos humanos y que por disposición expresa es integrada en los denominados bloques de constitucionalidad; sin embargo, debemos precisar que esta garantía jurisdiccional, no protege todos los derechos fundamentales sino un grupo de ellos que son distintos de la libertad personal o de los derechos conexos a ella.

En nuestra legislación, se establece como una garantía constitucional; así, el art. 128 de la CPE, expresa: “La Accion de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”; de donde se advierte que, esta acción tutelar es una garantía jurisdiccional que salvaguarda los derechos fundamentales de una persona y opera cuando éstos son vulnerados, restringidos o amenazados por una autoridad cualquiera o por particulares.

Se trata de una garantía muy amplia a la que, sin embargo, sólo se puede recurrir cuando no existe otra vía o recurso que franquea la ley para la protección de los derechos individuales, por cuanto no es sustitutiva de otros recursos; operando cuando un funcionario o persona física o jurídica comete un acto ilegal o una omisión indebida, restringiendo, suprimiendo o amenazando restringir o suprimir los derechos y garantías reconocidas por la Constitución Política del Estado y la ley; debiendo en todo caso ser interpuesta por la persona agraviada o su representante que cuente con poder especial y suficiente; así como estar dirigida contra la autoridad o sujeto particular responsable de la lesión (legitimación activa y pasiva), siendo su naturaleza restitutoria o reparadora de los derechos y garantías infringidos.