SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0765/2012

             De manera general la justicia debe ser pronta y oportuna, empero, en materia penal, éste principio adquiere mayor relevancia, puesto que del resultado del mismo depende la absolución o condena de una persona, donde en definitiva la pena en la mayor de las partes viene a ser corporal; es decir de privación de libertad.

             En relación a la parte procesal ya sea víctima, acusador o acusado tiene el derecho a que se determine su situación jurídica en los plazos que señala la ley, de ahí que el legislador ha previsto la figura de la rebeldía, en materia procesal penal, que opera conforme a ciertos requisitos, y que en definitiva buscan la materialización de la justicia, pronta, rápida y oportuna, que además tienen sustento constitucional por cuanto la actual Constitución Política del Estado en su art. 178.I establece que el principio de celeridad -entre otros-, sustenta la potestad de impartir justicia emanada del pueblo boliviano.

El ordenamiento procesal penal ha previsto una serie de medidas para viabilizar el cumplimiento del principio de celeridad y evitar demoras injustificadas, así el art. 87 del CPP, ha establecido como medio compulsivo, la declaratoria de rebeldía, que entre sus causales establece que el imputado será declarado rebelde cuando no comparezca sin causa justificada a una citación de conformidad a lo previsto en este Código; es decir, que siendo parte de un juicio no acude al llamamiento que formalmente le hace el juez a quien se encuentra sometido a proceso.

             La declaratoria de rebeldía tiene como consecuencia entre otros la expedición del mandamiento de aprehensión tal cual prevé el art. 89 del citado código adjetivo penal, esto con la finalidad de lograr que el declarado rebelde acuda a la citación o llamamiento judicial y la investigación o el proceso penal continúen. Asimismo, la autoridad judicial puede determinar las medidas cautelares que considere convenientes sobre los bienes del imputado para asegurar la eventual responsabilidad civil emergente del hecho imputado; la ejecución de la fianza que haya sido prestada, entre otras medidas.