SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0982/2012

Los accionantes señalan que, en mayo de 1983, el Banco Minero de Bolivia habría iniciado un proceso ejecutivo en su contra y de otras personas, dictándose en consecuencia la Resolución de 18 de agosto de 1989 que declaró probada la demanda ejecutiva, ordenando el pago de la deuda, más intereses y costas. En apelación, se confirmó el fallo referido por Auto de Vista de 26 de noviembre de 1990.

Posteriormente, en febrero de 1999, los accionantes instauraron proceso ordinario de “nulidad de contrato y revisión y nulidad de proceso ejecutivo” demandando al Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE); entre sus argumentos señalan que se habría incurrido en “anatocismo”, lo que establecería la nulidad del juicio ejecutivo y la cancelación de hipotecas. La resolución emergente de este proceso declaró: improbada la demanda, probada la demanda reconvencional del SENAPE y probadas las excepciones de falta de acción y cosa juzgada interpuestas.