SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1067/2012

Asimismo, Gino Gonzalo Martínez Guzmán Fiscal de Distrito a.i., mediante informe escrito de fs. 80 a 81 y vta., manifestó: 1) No existe ningún medio probatorio por el cual se establezca que los autores del delito de lesiones graves y leves sean, Alicia Verónica Callejas Guzmán, Maruja Guzmán Callejas, Renán Guzmán Apaza y Verónica Eugenia Castro Guzmán; 2) No se demuestra con prueba alguna que identifique que todos los imputados hubieran agredido físicamente a los ahora “recurrentes” (sic); y, 3) Los certificados forenses ni la secuencia fotográfica prueban que los autores de las lesiones graves y leves sean Alicia Verónica Callejas Guzmán, Maruja Guzmán Callejas, Renán Guzmán Apaza y Verónica Eugenia Castro Guzmán.

Señaló también que la carga de la prueba corresponde a los acusadores y que conforme el art. 375 inc. 1) del compilado adjetivo civil no es suficiente la prueba indiciaria y que los querellantes no ofrecieron prueba con la que se identifique y demuestre que los agresores a su integridad física sean los imputados. Por ello al amparo del art. 45 inc. 7 de la Ley del Ministerio Público y el 323 inc. 3) del CPP ratificó el requerimiento de sobreseimiento. Finalmente puntualizó, que no se vulneró el debido proceso, entendido como la garantía de que nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado en proceso legal, pues lo que se evita es la imposición de una sanción o la afectación de un derecho sin el cumplimiento de un proceso previo en el que se observen los derechos fundamentales y las garantías de naturaleza procesal, los accionantes señalan que no se hubiese realizado un correcto estudio y una adecuada valoración de todos los elementos probatorios que cursan dentro del cuaderno investigativo al haberlos omitido por completo, pero no señalan, que prueba se omitió en su valoración y cual hubiese sido el resultado de realizarse una valoración razonable al respecto, tampoco se señala, que valores o principios supremos fueron desconocidos, que criterios de interpretación no fueron aplicados, ni tampoco, que derechos o garantías fueron vulnerados, porque motivo fueron lesionados y a que resultado se llegaría si la interpretación hubiese sido realizada de otra forma, por lo que pide de declare improcedente la acción tutelar.