SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1525/2012
Fecha: 24-Sep-2012
i)
Rosario Sánchez Sánchez, Jueza Octava de Partido en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial -ahora Departamento- de La Paz, mediante informe escrito cursante de fs. 528 a 532, manifestó lo siguiente: i) El auxilio judicial para la ejecución del Laudo Arbitral ha sido demandado por la CSBP y una vez notificado la asociación “Consorcio PCC-SRL COCIV Ltda.”, solicitó la ejecución, por lo que se dictó la Resolución 205/2010 de 7 de junio, en cuya parte resolutiva se dispuso la instrumentación y formalización de las modificaciones de la obra; y toda vez que, ya habían transcurrido los treinta días otorgados en el Laudo Arbitral, se otorgó un plazo de veinte días para su cumplimiento; asimismo, en igual plazo la CSBP, debía restituir los importes correspondientes a las boletas de garantía ejecutados en la gestión 2009, y en mérito a una solicitud, se complementó que la instrumentación y formalización de las modificaciones de la obra deben ser conforme a las informaciones técnicas financieras, plazos y actividades presentadas por ambas partes al Tribunal Arbitral; sin embargo, notificadas las partes ninguna de ellas prestó un documento que establezca su cumplimiento; ii) Respecto a la aplicación de “astringentes” y medidas precautorias, solicitada por la parte accionante, el 27 de agosto de 2010, ordenó a la ahora Autoridad de Supervisión del sistema Financiero (ASFI), para que el Banco Nacional de Bolivia (BNB) se abstenga de efectuar pagos de las boletas de garantía mientras no se cumpla el Laudo Arbitral y también se dispuso que la CSBP se abstenga de realizar contratos de obra concernientes a los aspectos dilucidados y al fallo arbitral; y, iii) Su actuación se ha limitado a lo dispuesto en el Laudo Arbitral, que al tener carácter de cosa juzgada, en el marco de lo previsto por el art. 514 del Código de Procedimiento Civil (CPC), se debe ejecutar sin alterar ni modificar su contenido.
- Fragmento 1
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- concedió
- Fragmento 8
- II.1.
- II.2.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.10.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de los procesos de arbitraje y conciliación como medios alternativos de solución de conflictos y controversias
- sólo tendrá competencia el tribunal arbitral correspondiente. Ningún otro tribunal o instancia podrá intervenir, salvo que sea para cumplir tareas de auxilio judicial'.
- Cabe advertir que dichas limitaciones no alcanzan a los procesos constitucionales, entre ellos las acciones tutelares, que las partes intervinientes en los procesos arbitrales podrían plantear en aquellos casos en los que se lesione el orden constitucional o los derechos fundamentales o garantías constitucionales'.
- III.2. Alcance y naturaleza del auxilio judicial para la ejecución de Laudos arbitrales
- Asimismo la Ley de Arbitraje y Conciliación refiere los casos específicos en los que se podrá desarrollar el auxilio judicial y que se dan en distintas instancias de la solución de controversias, y en el caso concreto de ejecución del Laudo Arbitral la norma prevista por el art. 68 del citado cuerpo legal dispone: 'Consentido o ejecutoriado el laudo y vencido el plazo fijado para su cumplimiento, la parte interesada podrá solicitar su ejecución forzosa ante la autoridad judicial competente del lugar donde se haya dictado el laudo'.
- III.3. Recurribilidad de resoluciones en ejecución de Laudos arbitrales
- el art. 70.III de la LAC, es clara con relación a la improcedencia de recurso alguno para impugnar las resoluciones que adopte el Juez al prestar auxilio judicial para la ejecución forzosa del Laudo Arbitral, ya sea admitiendo la ejecución, suspendiendo la ejecución, desestimando las oposiciones planteadas a la ejecución, o aceptando las oposiciones a la ejecución forzosa del laudo.
- dentro del procedimiento de ejecución la parte demandada puede oponerse a la ejecución forzosa del laudo, demostrando su cumplimiento del cual se pide la ejecución o cuando existe recurso de anulación pendiente de resolución, y en el caso de presentarse oposición con argumentos distintos a los dos casos señalados o algún incidente que pretenda entorpecer la ejecución solicitada, la citada norma legal faculta al juez a desestimar la misma,
- si bien la jurisprudencia constitucional citada establece que debe concederse la apelación en resguardo del derecho a la segunda instancia; empero, es muy clara en restringir esa concesión a todos aquellos casos en los cuales la impugnación no esté prohibida expresamente por ningún artículo de la Ley de Arbitraje y Conciliación, ello en función a que es la propia ley la que determina si una resolución es apelable o no; por consiguiente, la jurisprudencia emitida por este Tribunal no puede asumirse en forma sesgada, sino que deben valorarse los supuestos fácticos del caso concreto, así como el precedente obligatorio, para conforme a ello identificar con precisión la ratio decidendi de cada fallo constitucional y en base a ello poder determinar si la misma puede aplicarse por analogía a un caso concreto, situación que no se dio en el presente caso”
- III.4. Sobre el derecho a la tutela judicial efectiva
- Aparte de lo anteriormente señalado, este derecho implica una exigencia de que el fallo judicial al que se haya arribado, sea cumplido, y en consecuencia, el litigante sea repuesto en su derecho, o en su caso compensado.
- el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas,
- III.4. Análisis del caso concreto
- el Tribunal Arbitral podrá ordenar las medidas precautorias que estime necesarias
- APROBAR