SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1531/2012
Fecha: 24-Sep-2012
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En los Juzgados de Partido en lo Civil y Comercial de Santa Cruz, el Banco Sur S.A. en Liquidación, presentó diversos recursos de amparo constitucional contra las sociedades que representa “San Jorge” y “Rincón Chuchío”; y todas esas acciones fueron declaradas improcedentes, denegándose la tutela; pero obstante a ello, el aludido Banco interpuso recurso de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de resoluciones judiciales, que igualmente fueron rechazadas; habiendo dicha entidad a la fecha interpuesto más de siete recursos y presentado amparo tras amparo, contraviniendo lo establecido en las mismas sentencias constitucionales que disponen que la resolución de un amparo constitucional debe cumplirse de forma inmediata; mandato legal que no está siendo acatado por el Banco hoy demandado, que no cumple con las Resoluciones pronunciadas dentro de los amparos tramitados, conforme a lo previsto por el art. 129 de la Constitución Política del Estado (CPE).
- acción de cumplimiento
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- a)
- concedió
- 4)
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- los funcionarios o autoridades públicas
- iii) Tiene como objeto -conforme se verá- garantizar el cumplimiento de la Constitución y la ley y, en tal sentido, protege el principio de legalidad y supremacía constitucional y la seguridad jurídica; y, iv) Tutela de manera indirecta derechos fundamentales y garantías constitucionales,(…).
- Cabe resaltar que esta garantía constitucional jurisdiccional está prevista en nuestra Constitución como una acción de defensa, entendiéndola como la potestad que tiene toda persona -individual o colectiva- de activar la justicia constitucional en defensa de la Constitución Política del Estado y de las normas jurídicas, ante el incumplimiento de deberes concretos contenidos en ellas.
- Es decir que, previamente a activarla, debe solicitarse el cumplimiento del deber omitido a la autoridad demandada, agotando los medios jurisdiccionales o administrativos existentes, dado que no procede cuando el accionante no reclamó con anterioridad y de manera documentada el cumplimiento legal o administrativo del deber omitido
- se afirma que la inclusión de esta acción dentro del catálogo de garantías enunciadas en el texto constitucional, responde a la necesidad de precautelar el sometimiento de la administración pública a la ley, en procura de frenar la mora o resistencia en el cumplimiento de mandatos contenidos en preceptos legales, que afecten -directa o indirectamente- intereses de los particulares, vinculados con el acatamiento del deber omitido.
- III.2.
- todos los funcionarios o autoridades públicas
- El término servidor público, para efectos de esta Ley, se refiere también a los dignatarios, funcionarios y empleados públicos u otras personas que presten servicios en relación de dependencia con entidades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración
- i)
- al funcionario o funcionarios públicos responsables de su acatamiento
- III.3. Análisis del caso concreto
- servidores públicos
- I.2.3
- 1°