SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0086/2013
Fecha: 17-Ene-2013
II.3.
II.3. En el informe AN-ULCPC 227/2011 de 24 de octubre, emitido por los funcionarios comisionados de la Aduana Nacional para control del puesto aduanero de Desaguadero, en las conclusiones y recomendaciones, entre otros, se recomendó a la Presidenta Ejecutiva a.i. de esa entidad, aplicar la sanción que corresponda a través de la Unidad Administrativa al ahora accionante, por haber llegado atrasado, asimismo, que al haber advertido la probabilidad de la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, por el servidor público Rafael Ontiveros Pereira, Técnico Aduanero, al haber ejecutado instrucciones del Administrador de Aduana Desaguadero en sentido de permitir el ingreso de mercancía sin el cumplimiento de deberes formales y materiales, recomendaron la remisión de antecedentes a la Gerencia Nacional de Fiscalización (fs. 24 a 44).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que la motivan
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- 1)
- i)
- concediendo en parte
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- II.10.
- II.11.
- III.1
- III.2. El proceso interno previo para la aplicación de la sanción de destitución
- III.3. Protección de los derechos fundamentales de las personas con capacidades diferentes
- Decreto Supremo, relativo a la inamovilidad laboral para las “personas discapacitadas” que presten servicios en los sectores públicos o privados, ámbito de protección que se amplía a los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a “personas con discapacidad”; lo que significa, que ninguna persona con capacidad diferente que preste servicios en una institución pública o entidad privada, podrá ser removida de sus funciones, al igual que aquellas que tengan bajo su dependencia a personas con capacidades diferentes. Empero, la norma establece una salvedad a esa protección y/o resguardo a la fuente laboral, al disponer que la inamovilidad laboral no será aplicable cuando concurran causales establecidas por ley; de donde se desprenden dos situaciones, primero, que las personas comprendidas en el ámbito de protección de las citadas disposiciones legales, incurran en causales establecidas por ley para la conclusión del vínculo laboral previo debido proceso; y segundo, que por efecto de la ley, la relación laboral ya no pueda continuar en las mismas condiciones, lo que no significa de manera alguna la conclusión del vínculo laboral, sino su persistencia en otras circunstancias y/o funciones, sin afectar su escala salarial, que le permita alcanzar para sí y su familia una vida digna
- III.4. Análisis de la problemática que plantea la presente acción tutelar
- Fragmento 24
- 1° CONFIRMAR en parte