SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1232/2013-L

Con la finalidad de tener una “vida jurídica correcta y legal” (sic), y con el propósito de estar a disposición del Concejo Municipal, en cuanto a la regulación de tarifas, se presentó toda la documentación ante esa instancia, a fin de que emita la correspondiente ordenanza municipal, para el funcionamiento y registro de la empresa ante el municipio; remitiendo la solicitud a la comisión de obras públicas de dicho Concejo, presidida por el concejal Jhonny Abel Miranda Choque, quien el 31 de marzo de 2011, remitió un informe ante el pleno del Concejo con toda la documentación presentada por la “asociación”, expresando la viabilidad para que se expida la ordenanza respectiva, pese a ello, el 8 de abril del mismo año, el pleno del Concejo devolvió el informe con observaciones y ordenó se pase una copia al Asesor Jurídico para que elabore un informe, observaciones que fueron puestas en conocimiento de la Empresa, mediante Cite 291/2011.

El 14 de abril de 2011, el indicado asesor emitió su informe, que en el fondo expresó dos observaciones sin ningún sustento legal, mismos que ya fueron cumplidos; motivo por el cual, “nuestras personas presentan el memorial de fecha 12 de mayo” (sic); en vista de lo cual los Concejales ahora demandados, señalaron que esperaban otra autorización de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), afirmando que una vez que llegue la misma, se emitiría la ordenanza municipal para el funcionamiento de la empresa; “esto hace ya otra semana” (sic), hecho que demuestra que los Concejales no quieren asumir sus atribuciones, expresando argumentos nada sostenibles, con los cuales pretenden delegar sus responsabilidades a la ATT; consiguientemente, los actos ilegales y arbitrarios ocurridos el 14 y 26 de abril de 2011, privan del derecho al trabajo de todos los socios de la Empresa de Radio Taxi 8 de octubre S.R.L.