SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1633/2013

Por su parte el art. 178.I de la Ley Fundamental, instituye como uno de los principios que rigen la administración de justicia, a la celeridad que se trasunta en la obligación de los administradores de justicia de tramitar los asuntos sometidos a su conocimiento con la prontitud debida evitando generar innecesariamente retardación; este principio también está reconocido en los arts. 180 de la CPE, y 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), al establecer que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. Al margen de su reconocimiento constitucional y legal también guarda un vínculo de conexitud con el debido proceso al postular la Constitución Política del Estado en su art. 115.I, que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos y el parágrafo II señala que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.