SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1702/2013

         El debido proceso como garantía, derecho fundamental y principio, se encuentra instituido en los arts. 115.II, 117.I y 180 de la Ley Fundamental al determinar que “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (art. 115.II de la CPE); que “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso (art. 117.I de la Norma Suprema) y que la jurisdicción ordinaria se fundamenta, entre otros principios procesales, en el debido proceso.

De dichas normas, se desprende que toda persona requiere de un proceso justo y transparente en el que tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos, entre ellos, el derecho a la defensa, que ha sido definido por la jurisprudencia constitucional, como la: “…potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente…” (SSCC 0183/2010-R y 0623/2010-R).

         Cabe aclarar que, la observancia del debido proceso, como derecho, principio y garantía, no es únicamente aplicable en el ámbito jurisdiccional, sino a todo aquel en que se imponga una sanción como emergencia de haberse atribuido la comisión de una falta o inobservancia de normas de carácter administrativo, que incumben a lo que se conoce como derecho disciplinario sancionador. Así, la SC 0287/2011-R de 29 de marzo, estableció: “El debido proceso en los procesos administrativos fue definido por el Tribunal Constitucional, a cuyo efecto corresponde citar la SC 1863/2010-R de 25 de octubre, cuando señaló: 'El proceso administrativo, debe hallarse impregnado de todos los elementos del debido proceso, que deben ser respetados en su contenido esencial, en cuanto al juez natural, legalidad formal, tipicidad y defensa irrestricta (…).

         La doctrina en materia de derecho sancionador administrativo es uniforme al señalar que éste no tiene una esencia diferente a la del derecho penal general y por ello se ha podido afirmar que las sanciones administrativas se distinguen de las sanciones penales por un dato formal, que es la autoridad que las impone, es decir sanciones administrativas, la administración y sanciones penales, los tribunales en materia penal'. (García de Enterría, E. y Fernández, T. R., Curso de derecho administrativo, II, Civitas, Madrid, 1999, página 159)”.

         Bajo la misma lógica, el debido proceso también debe ser observado en el ámbito privado; es decir, en las diferentes instituciones u organizaciones privadas las veces que deban aplicar una sanción a sus asociados, miembros o afiliados o cuando deban destituir, suspender o expulsar a alguno de sus miembros, tanto en aplicación del art. 115.II de la CPE, como de las normas laborales.