SENTENCIA CONSTITUCIONALPLURINACIONAL 1889/2013

Efectivamente, en virtud a nuestro modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, el poder punitivo del Estado se encuentra limitado por los principios valores, derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado y en los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos.

Debe considerarse que nuestro modelo de Estado tiene, además de características propias como la plurinacionalidad, la interculturalidad y la descolonización, tiene elementos que lo inscriben dentro del marco de los Estados Constitucionales actuales, en los que se apuesta por Constituciones plurales, garantizadas y normativas, con un amplio catálogo de principios, valores, derechos y garantías fundamentales, que se encuentran dotadas de garantías específicas de interpretación, que hacen que la parte axiológica y dogmática de la Constitución Política del Estado tenga un peso decisivo no sólo en cuanto a su aplicación directa, sino también porque se constituyen en fundamento y límites de las diferentes funciones del poder público.

En ese ámbito, los jueces y tribunales del sistema penal, es el órgano “moderador” y controlador del ejercicio del poder, que tiene la facultad de analizar si se han respetado los derechos y garantías constitucionales. Bajo esa perspectiva, en virtud a las características de imparcialidad, independencia y competencia, como elementos de la garantía del juez natural, son quienes deben efectuar un verdadero control de los actos realizados por los servidores públicos encargados de la persecución penal, garantizando el efectivo goce de los derechos y las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución Política del Estado y las normas del bloque de constitucionalidad. La labor de los jueces penales, tiene, entonces, la función de preservar el Estado Constitucional, pues, como diría Zaffaroni, refiriéndose al Derecho Penal controlado por los jueces, “es un apéndice indispensable del Derecho Constitucional de todo Estado Constitucional de Derecho”.