SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2051/2013
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2051/2013

Fecha: 18-Nov-2013

III.2.  De los alcances y contenido del derecho de petición: no concurre vulneración si la autoridad no conoce la solicitud al haberse presentado ante otra incompetente

           Delimitado el campo de acción en relación a los hechos fácticos deducidos por el accionante, compele hacer alusión al derecho de petición, el que fue objeto en repetidas ocasiones, de un estudio pormenorizado tanto por el Tribunal Constitucional de Bolivia como por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, en cuanto a su contenido, ejercicio y alcances, por su trascendental importancia como herramienta determinante para la protección de otras prerrogativas constitucionales involucradas en las decisiones que las afectan.  

           Resulta evidente además que, el derecho de petición se halla dirigido a la consecución de los fines esenciales del Estado; en especial, de servicio a la comunidad y protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales consagrados en la Norma Suprema, lo que a su vez sirve para procurar que las autoridades cumplan en el desarrollo de sus funciones las tareas para las cuales fueron instituidas.  

           Es así que, este Tribunal, en cuanto a los parámetros que deben cumplirse para otorgar tutela en ocasión de considerar su restricción, dictó la SCP 1995/2010-R de 26 de octubre, fallo que a partir del contenido del art. 24 de la CPE, que prevé: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”; en una modulación de la jurisprudencia anteriormente dictada por este órgano de constitucionalidad en cuanto a los requisitos exigibles para conceder amparo, en el marco del nuevo orden constitucional, señaló lo siguiente: “…a la luz de la Constitución vigente, y conforme a lo expresado, corresponde modular la jurisprudencia citada precedentemente, pues actualmente, el primer requisito señalado por dicha Sentencia, es decir, la formulación de una solicitud en forma escrita no es exigible, pues la Constitución expresamente establece que la petición puede ser escrita u oral.