SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0111/2013-L

El ahora accionante alega la vulneración de sus derechos a la petición, a la vida,  a la salud, al trabajo, a una justa remuneración, a la seguridad social y jurídica, al debido proceso; por cuanto el 31 de octubre de 2008, fue “retirado de ipsofacto” (sic) del cargo de Rector del Instituto Tecnológico Santa Cruz, sin habérsele informado el motivo de su retiro, se designó a otra persona en su lugar, a cuya consecuencia interpuso; i) Ante Miguel Alborta, Director Departamental de Educación recurso de revocatoria y posteriormente el jerárquico, mismos que se presentaron mediante Notario de Fe Pública, sin que se haya tenido respuesta de dicha autoridad educativa; y, ii) Ante la Dirección General del Servicio Civil, se presentó solicitud a objeto de que en dicha instancia, se resuelva el recurso jerárquico. En consecuencia, corresponde verificar, en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales o garantías constitucionales del accionante, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

A su vez el art. 129 de la ley Fundamental, establece que: “i) La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre, con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución Política del Estado, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos o garantías restringidos, suprimidos o amenazados”; y, “ii) La Acción de Amparo Constitucional, podrá interponerse en el plazo de seis meses computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”; en similar sentido, la SCP 0002/2012 de 13 de marzo, establece que: “Del contenido del texto constitucional de referencia, puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección.

El término de acción no debe ser entendido como un simple cambio de nomenclatura, que no incide en su naturaleza jurídica, pues se trata de una verdadera acción de defensa inmediata, oportuna y eficaz para la reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, y dada su configuración, el amparo constitucional se constituye en un proceso constitucional, de carácter autónomo e independiente con partes procesales diferentes a las del proceso ordinario o por lo menos con una postura procesal distinta, con un objeto específico y diferente, cual es la protección y restitución de derechos fundamentales con una causa distinta a la proveniente del proceso ordinario, esto es, la vulneración concreta o inminente de derechos fundamentales a raíz de actos y omisiones ilegales o indebidos con un régimen jurídico procesal propio.

En este orden de ideas, la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción contra todo servidor público o persona individual o colectiva”.