SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0111/2013-L

           En cuanto al silencio administrativo la SC 1736/2010-R de 25 de octubre, refiere que:“La esencia del silencio administrativo negativo, tiene un carácter eminentemente garantista y protector del administrado, instituido por reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y que fue recogido con absoluta claridad y total acierto por la Constitución Política del Estado vigente, cuando en su art. 24, señala que, toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva y a la obtención de respuesta formal y pronta, razón por la cual, se puede considerar, que esta institución insertada en el Derecho Administrativo boliviano, pretende acercar e inclinar a ese Estado inmanente, todo poderoso, muchas veces indiferente, al servicio del administrado, con el único objetivo de conducir a nuestra sociedad, al 'vivir bien', toda vez que, el principio central que debe orientar el accionar de la Administración Pública en su conjunto, es la satisfacción de las necesidades del ciudadano, respetando sus derechos y garantías, extremo ideal de respeto por la sociedad que no muchas veces se da, por cuanto los administrados sienten la infranqueable barrera que representa, el hecho que las entidades estatales actúen con indiferencia y negligencia frente a sus reclamos, vulnerando de ésta manera los derechos esenciales del ser humano. Superar estos hechos que se dan cotidianamente, es tarea fundamental de un Estado moderno e incluyente.

           El 23 de abril de 2002, fue promulgada la Ley de Procedimiento Administrativo, con el objeto de regular la actividad administrativa y el procedimiento administrativo del sector público, hacer efectivo el derecho de petición ante la Administración Pública y regular la impugnación de actuaciones administrativas y los procedimientos especiales. El art. 2 de la citada Ley, establece su ámbito de aplicación, señalando que, la Administración Pública se encuentra conformada por el Poder Ejecutivo, que comprende la administración nacional, departamental, las entidades descentralizadas o desconcentradas y los sistemas de Regulación; así como, los Gobiernos Municipales y las Universidades Públicas en el marco de su autonomía.

           El Estado, ejerce un conjunto de facultades, que indudablemente engloban el principio de autotutela, entendido éste como la posibilidad de la Administración Pública de controlar, no sólo la legalidad sino la oportunidad o eficacia de sus actos en virtud de los intereses generales. Cabe señalar que toda solicitud elevada por particulares a las entidades públicas, deberá necesariamente ser objeto de respuesta satisfactoria, sea ésta positiva o negativa a sus intereses. Esto significa que la administración pública, no puede resolver de manera superficial y mecánica las peticiones de los ciudadanos, por el contrario, estas respuestas deberán ineludiblemente resolver lo esencial de la petición.