SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0430/2013
Fecha: 03-Abr-2013
I.1.1. Hechos que motivan la acción
A pesar del reconocimiento judicial de su derecho propietario, el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la provincia Cercado, ejecutó la obra denominada “Estadio de Fútbol del Barrio 4 de Julio” conocido como “La Bombonera”; por ello, con el afán de consolidar dicha obra a favor de la referida entidad edil, se procedió mediante proceso técnico, administrativo, jurídico, a la reubicación de las áreas verdes del Gobierno Autónomo Municipal y la propiedad de la familia Moreno, que constan en las escrituras públicas 1002/2010 y 1003/2010 registradas en DD.RR, bajo las matrículas computarizadas 6.01.1.37.0000369 y 6.01.1.03.00002078.
Manifiesta que, luego de transcurridos varios años, sin atribución legal alguna, Concejales Municipales, sin respetar los procedimientos señalados por la Ley de Municipalidades y sus reglamentos, mediante memoriales de 14 y 24 de septiembre y 10 de octubre de 2012, dirigido a la Dirección Departamental de DD.RR., pidieron la nulidad del registro en dicha institución de su derecho propietario, con el argumento que ejercieron función fiscalizadora que la ley concede sobre los actos del Gobierno Autónomo.
La Subregistradora de DD.RR. en suplencia legal de la Registradora Distrital, mediante providencia de 19 de octubre de 2012, dejó en suspenso las inscripciones efectuadas en las matrículas computarizadas 6.01.1.37.0000369, 6.01.1.03.00002078 y 6.01.1.01.0013371 mediante una subinscripción, sin argumento legal alguno, desconociendo los valores y fines del registro de DD.RR. contenidos en el art. 1561 del Código Civil (CC), Ley de Inscripción de Derechos Reales y Decreto Supremo (DS) 27957 de 24 de diciembre de 2004, reconociendo no tener facultades para determinar la nulidad o validez de los actos registrados por tener sólo facultades administrativas y no jurisdiccionales para definir la nulidad de los actos. Ante tal atropello de su derecho propietario, reclamó a la Subregistradora quien sin justificación legal, no dejó sin efecto la suspensión del registro ordenado arbitrariamente.
La ley prevé que los errores, se corregirán sólo con anuencia de las partes y en su defecto con orden judicial, es ahí donde la Subregistradora comete el acto ilegal, vulnerando y restringiendo su derecho propietario tutelado por el art. 56 de la Constitución Política del Estado (CPE), atribuyéndose facultades que no le confiere la ley, porque al haberse suspendido el registro, la accionante no puede realizar actos de disposición de su derecho propietario.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2.1. Ratificación de la acción
- a)
- I.2.3. Intervención del tercero interesado
- concediendo
- II.1.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- II.10.
- II.11.
- II.12.
- II.13.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- por consiguiente, su naturaleza es la de precautelar, proteger y restablecer los derechos y garantías vulnerados por actos u omisiones indebidas de servidores públicos y particulares
- puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc
- Lo señalado implica que la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela
- III.2. Sobre el derecho de propiedad y su configuración
- la aplicación directa de los mismos debe asegurar el respeto y eficacia plena de los elementos constitutivos de ese contenido esencial o núcleo duro de derechos, para cumplir así con los estándares axiomáticos rectores del principio de razonabilidad.
- este núcleo esencial del derecho fundamental de propiedad, genera a su vez obligaciones negativas tanto para el Estado como para particulares que se traducen en las siguientes: a) Prohibición de privación arbitraria de propiedad; y, b) Prohibición de limitación arbitraria de propiedad.
- se establece que las decisiones jurisdiccionales que incurran en privación o limitación arbitraria de la propiedad, implican una directa afectación al principio de razonabilidad y como consecuencia directa afectan también el contenido esencial del derecho de propiedad en sus tres elementos esenciales: uso, goce y disfrute
- sin embargo, no se aprecia atribuciones para dejar en suspenso inscripciones en matrículas, a través de una subinscripción
- III.4. De la inscripción y subinscripción en el registro de DD.RR.
- Pero no podrá hacerse esta sub inscripción sino en virtud del avenimiento de las partes o de providencia judicial, a no ser que el error haya sido cometido por el registrador, en cuyo caso éste hará la rectificación con intervención fiscal
- II. Esta sub-inscripción sólo podrá hacerse con anuencia de las partes interesadas o por orden judicial. Si el error fue cometido por el registrador, éste hará la rectificación bajo su responsabilidad y con intervención fiscal
- III.5. Análisis del caso concreto
- mientras tal situación se determine o dilucide en la instancia correspondiente, lo cual llevará a determinar si la inscripción en cuestión se realizó conforme o de acuerdo a ley
- se rectificará por medio de una subinscripción, cualquier error de hecho cometido en el título constitutivo del derecho inscrito o en su inscripción; pero no podrá hacerse esta subinscripción, sino en virtud del avenimiento o consentimiento de las partes o de providencia judicial, a menos que el error haya sido cometido por el registrador, en cuyo caso éste hará la rectificación con intervención fiscal
- situación que implica una determinación desmarcada de los parámetros de razonabilidad, que ha afectado el contenido esencial del derecho de propiedad y desconocido la obligación que tienen tanto las autoridades judiciales o administrativas, de no afectar con sus decisiones los derechos fundamentales, conforme ha ocurrido en el caso que se examina
- CONFIRMAR