SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0432/2013

             Ahora bien, de la revisión de los datos y antecedentes que informan el proceso, se constata que no existe documentación que respalde lo aseverado por el acusado ahora accionante, razón por la cual, necesariamente debe remitirse al informe de la autoridad codemandada quien indicó que, una vez se resolvió la recusación contra su persona, el Juez Rogelio Vela remitió actuados a su despacho el 20 de noviembre de 2012, por lo que su persona procedió a realizar las audiencias de cesación a la detención preventiva ya señaladas para el 23 y 30 de ese mes y año.

             En este sentido, tomando en cuenta el presente informe, si bien la primera audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva se señaló dentro de los tres días; sin embargo, la segunda audiencia (30 de noviembre de 2012) fijó en un plazo que no puede ser considerado como razonable ya que contrapone los presupuestos señalados por la jurisprudencia constitucional, constituyéndose en un acto dilatorio que en esas circunstancias, dejó en incertidumbre al acusado para definir a la brevedad su situación jurídica; aspecto contrario al principio de celeridad que afecta al derecho a la libertad del accionante.

             Por otra parte y respecto a la dilación alegada en la remisión de los antecedentes de apelación, también en el informe de la autoridad codemandada, se señala que: “…su autoridad dispuso que por actuaría se labre el acta de audiencia a la brevedad posible y en un plazo de 24 horas se remita antecedentes de la apelación y pese a las conminatoria e instrucciones verbales dicha funcionaria, la misma no ha labrado el acta existiendo una demora notable en la referida remisión no atribuible a su persona, en todo caso ha ejercido control jurisdiccional conforme establece el art. 54.1 del CPP a las actividades de la actuaria”.