SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0689/2013

Consecuentemente, los actos, para que produzcan las consecuencias jurídicas expresadas en el art. 96.2) de la LTC, deben provocar en el Tribunal la convicción plena  de que el recurrente está de acuerdo con el acto reclamado; dado que la simple presunción del consentimiento por acciones que no están directamente relacionadas con el supuesto acto ilegal, lesionaría la garantía de la tutela jurisdiccional eficaz, entendida “…como el derecho que tiene toda persona de acudir ante un juez o tribunal competente e imparcial, para hacer valer sus derechos o pretensiones, sin dilaciones indebidas” (SC 1044/2003-R, de 22 de julio) (las negrillas fueron añadidas).

Conforme a dicho razonamiento, esta causal de improcedencia debe ser aplicada cuando existan elementos objetivos que denoten el consentimiento al acto u omisión considerada ilegal que es denunciada en la acción de amparo constitucional; razonamiento que, por otra parte, guarda coherencia con nuestro nuevo diseño constitucional, en el que los derechos fundamentales y garantías constitucionales tienen un lugar preeminente que se ve reflejado no sólo en el amplio catálogo de derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales que consagra, sino también en los fines y funciones esenciales del Estado, siendo uno de ellos el de “garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución” (art. 9.4 de la CPE), así como en los criterios de interpretación de los derechos humanos que se encuentran constitucionalizados, los cuales deben ser utilizados no sólo por el juez constitucional, sino también por los jueces y tribunales de las diferentes jurisdicciones previstas en nuestra Ley Fundamental, así como las autoridades administrativas, quienes, conforme lo entendieron las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0112/2012 y 0142/2012, se constituyen en los garantes primarios de la Constitución Política del Estado y de los derechos y garantías fundamentales.