SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0868/2013

           En función a los fundamentos señalados se concluye que, la acción de libertad por regla general, es un mecanismo sencillo de protección de los derechos a la vida, libertad física y de locomoción, regido principalmente por los principios de informalismo, sumariedad, generalidad e inmediación; consiguientemente, es una acción exenta de los alcances del principio de subsidiariedad, cuyas reglas no abarcan el trámite de esta acción tutelar; sin embargo, de manera excepcional, en los casos donde la norma ordinaria establezca medios aptos, apropiados y oportunos, en la protección de los derechos objeto de su tutela, éstas deben ser previamente agotadas; lo cual imposibilita al agraviado activar directamente la jurisdicción constitucional sin antes haber acudido a la competencia de la autoridad judicial, a través de los mecanismos o recursos ordinarios o intraprocesales. En ese sentido, la jurisprudencia del entonces Tribunal Constitucional, asumida por el actual, en la SC 0008/2010-R de 6 de abril, que moduló los entendimientos de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, haciendo hincapié a la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, señaló: “I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas.

II. Asimismo, cuando exista privación efectiva de libertad, por ser esta una causal grave, se entenderá que la vía procesal existente no es idónea, cuando se pruebe que una vez activados estos mecanismos procesales, su resolución y efectiva protección serán dilatadas, por ejemplo, por ser irrazonables los plazos de resolución; por existir excesiva carga procesal para una rápida decisión o ejecución de la decisión o por no cumplirse con los plazos para emisión de resoluciones establecidos por la ley” (las negrillas nos corresponden).

           Posteriormente, complementando los entendimientos de la jurisprudencia citada anteriormente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo -modulado por la SCP 0185/2012 de 18 de mayo-, estableció las siguientes subreglas: “…sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos:

           (…) En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.

Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.

Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”.

           Ahora bien, con relación al recurso de reposición previsto en los arts. 401 y 402 del CPP, se debe dejar claramente establecido que, el mismo tiene por objeto reparar errores de forma en los que pudo haber incurrido la autoridad judicial a tiempo de emitir sus decretos o providencias de mero trámite, de modo que, este mecanismo impugnativo no tiene la suficiente capacidad para revertir el fondo mismo de una decisión. Así, a los efectos de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, la jurisdicción constitucional estará impedida en ingresar a analizar el fondo de la problemática planteada, siempre que el agraviado haya promovido este recurso y, paralelamente acudido a la justicia constitucional a través de la acción de libertad, sin que previamente esté resuelto la impugnación ordinaria. En ese sentido, la SC 0080/2010-R, recogiendo los entendimientos de la SC 0030/2010-R de 13 de abril, precisó: “…lo que no está permitido es que el agraviado incumpliendo su deber de actuar con lealtad procesal, habiendo activado el recurso de reposición y estando en trámite el mismo en la jurisdicción ordinaria, de manera paralela active la acción de libertad en la jurisdicción constitucional, en ese caso no es posible ingresar al análisis de fondo”.