SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0868/2013

         Respecto a las denuncias referidas a procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es el amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones.

         En función a la esencia y naturaleza de las acciones constitucionales, no siempre es requisito la materialización de la vulneración de los derechos a la vida, la libertad física o de locomoción para la activación de la acción de libertad, al contrario, la simple amenaza de los mismos puede ameritar la intervención de la justicia constitucional, no otra cosa significa la acción de libertad restringida o preventiva, cuya tipología se caracteriza por brindar la tutela sin que se haya materializado el acto ilegal, pero que existe el riesgo inminente de consumarse la lesión, caso en que, el agraviado tiene toda la facultad de acudir ante las autoridades jurisdiccionales buscando protección de sus derechos, con la finalidad de que se impida la materialización del acto lesivo. La doctrina constitucional desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, recogiendo los entendimientos de las SSCC 419/2000-R, 261/2001-R y 535/2001-R, a través de la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señaló que: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente. Este hábeas corpus está recogido en los arts. 18 de la CPE y 89 de la LTC, cuando se refieren a los casos de arbitraria, indebida o ilegal persecución, que ha sido entendida por la jurisprudencia de este Tribunal como 'la acción de una autoridad que busca, persigue, u hostiga a una persona sin que exista motivo legal alguno ni una orden expresa de captura emitida por autoridad competente en los casos establecidos por ley, o cuando se emite una orden de detención, captura o aprehensión al margen de los casos previstos por ley, e incumpliendo las formalidades y requisitos exigidos por ella'”. Entendimiento que posteriormente fue reiterado en las SSCC 0075/2006-R, 0044/2010-R, 1567/2011-R, 1818/2011-R,