SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0906/2013

Rolando Enrique Vargas Díaz, Juez Quinto de Instrucción en lo Penal del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito, cursante a fs. 29 y vta., señaló: i) La Resolución de 6 de febrero de 2013, que dispuso la detención preventiva del ahora accionante, no fue objeto de apelación, sino sólo de “enunciación”, tal como se evidencia el acta de la audiencia; ii) No existió indebida privación de libertad; toda vez que se presentaron los requisitos previstos por los arts. 233 y 234 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, con relación al art. 232.3, que establece que no procede la detención preventiva en delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior a tres años; se tiene que, en el proceso penal seguido contra el accionante, por el ilícito del art. 261 del Código Penal (CP), la pena privativa es de uno a tres años; por lo que, resulta viable la aplicación de la medida cautelar referida; iii) No existe prueba alguna en relación a la supuesta vulneración del derecho a la defensa; ya que, el imputado estuvo asistido de la defensa técnica durante la audiencia de medidas cautelares; y, iv) Por exceso de carga procesal, no se revisó el acta de audiencia de medidas cautelares; por lo que, cuando se presentó el memorial de 8 de igual mes y año, se providenció en sentido de que existiría una apelación pendiente; sin embargo, revisada el acta, se verificó que la defensa técnica del imputado sólo enunció que interpondría apelación, por lo que percatado del error, mediante decreto de 14 de marzo del citado año, se dejó sin efecto la providencia antes referida de 14 de febrero de 2013, señalándose audiencia de cesación para el 18 de marzo de dicho año.