SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0936/2013

Dicho de otro modo, la interpretación de la legalidad ordinaria o de las normas legales infra constitucionales, es atribución exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios; no siendo posible que esta interpretación sea conocida por la jurisdicción constitucional como una instancia de casación; siendo únicamente objeto de análisis cuando efectivamente el caso concreto alcanza relevancia constitucional, por evidente afectación a algún derecho fundamental o garantía constitucional. Consideraciones expuestas que condicen con lo establecido por el Tribunal Constitucional de España, cuando estableció que la interpretación de la legalidad ordinaria no puede ser analizada por la jurisdicción constitucional, salvo que la misma se funde en una interpretación arbitraria o manifiestamente irrazonable, cuando esa interpretación carezca de la debida motivación o cuando se apoye en una causa legal inexistente (STC 133/2000, de 16 de mayo, SSTC 214/1988 de 14 de noviembre, 63/1992 de 29 de abril, SSTC 69/1984 de 11 de junio; y, 57/1988 de 5 de abril)”.

Por otra parte, la valoración de la prueba es también una facultad privativa de las autoridades a cargo de los procesos ordinarios o administrativos, correspondiendo al Tribunal de garantías verificar que en el ejercicio de esa facultad no se hubieren vulnerado derechos y garantías constitucionales, para lo cual también existen presupuestos que deben ser cumplidos por los accionantes. En ese sentido la SC 1758/2010-R de 25 de octubre, pronunciada por el Tribunal Constitucional, dejó establecido que: "Así como la interpretación de la legalidad ordinaria compete a dicha jurisdicción, la facultad de valoración de la prueba en un proceso judicial o administrativo, también les corresponde exclusivamente a las autoridades de instancia que conocen o conocieron el proceso, en aplicación de los principios de contradicción e inmediación que rigen el desarrollo del proceso, hasta la emisión de la sentencia o fallo. La jurisdicción constitucional circunscribe su ámbito de competencia a constatar que en el proceso de valoración de la prueba no se hubieren vulnerado derechos fundamentales y garantías constitucionales, por lo que de ninguna manera ésta jurisdicción puede ingresar a un área que es únicamente de competencia de la jurisdicción ordinaria".