SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1028/2013

Los arts. 115.II y 117.I de la CPE, señalan que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” y que “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”, infiriéndose de estas normas constitucionales que el Estado busca materializar que los procesos sean justos y que se desarrollen en el marco del ordenamiento jurídico, atendiendo los principios procesales de la justicia, cuyos aplicación alcanza al procedimiento administrativo.

Del mismo modo, la jurisprudencia constitucional estableció: “…que el debido proceso, exige que los litigantes tengan el beneficio de un juicio imparcial ante los tribunales y que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es decir, implica el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, lo que importa a su vez el derecho a la defensa, el emplazamiento personal, el derecho de ser asistido por un intérprete, el derecho a un juez imparcial; y por otra parte, se produce también por la infracción de las disposiciones legales procesales, es decir, los procedimientos y formalidades establecidas por ley, garantía y derecho a la vez, aplicable a los procesos judiciales y administrativos en los que se imponga sanciones”. (Así la SC 0295/2010-R de 7 de junio).

Sobre el derecho a la defensa en particular, la jurisprudencia constitucional refiriéndose al derecho a la defensa, identificó dos connotaciones: “…La primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio.”  (Así la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre).