SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1330/2013

Ahora bien, cuando el principio de celeridad está vinculada con el derecho a la libertad, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de tramitar la solicitud sin dilaciones indebidas, aún cuando no hubiere un término establecido por la ley; en torno a ello la SCP 071/2012 de 12 de abril dejó establecido: “…la administración de justicia debe ser rápida y eficaz tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, ya que las personas que intervienen en el proceso esperan una definición oportuna de su situación jurídica, máxime si está comprometido un derecho fundamental de primer orden como es el de la libertad”, estableciendo además la citada Sentencia Constitucional Plurinacional respecto a los administradores de justicia y su relación con el principio de celeridad que el mismo: “…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo deberá ser cumplido estrictamente…” (las negrillas no corresponden).

De la jurisprudencia glosada se tiene que en los casos específicos de solicitudes de cesación a la detención preventiva, los administradores de justicia deben considerar y resolver con la mayor celeridad posible al estar de por medio una eventual conculcación del  derecho a la libertad; en otros términos si dichas solicitudes no se tramitan con la prontitud debida se produce vulneración al principio de celeridad vinculado con el derecho a la libertad.