SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1502/2013

En el proceso de división y partición de bienes, instaurado por Julia Molina vda. de Orellana representada por José Orellana Molina, la indicada cumplió los requisitos para acceder a la sucesión hereditaria del bien inmueble sito en av. 6 de Agosto 768 de la ciudad de Cochabamba, registrado en Derechos Reales (DD.RR.), causa que actualmente se encontraría con trámites posteriores a la subasta, siendo el rematista Alejandro Bazoalto Astulla, ahora demandado; en el cual, la autoridad judicial, a tiempo de admitir la demanda, no advirtió los defectos y vicios existentes, pues omitió la ampliación de la demanda contra presuntos coherederos, poseedores o usufructuarios del bien; además, reiteradamente señaló que las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, no son susceptibles de suspensión por planteamiento de recursos ordinarios, extraordinarios y cualquier otro medio que tenga por objeto dilatar la ejecución del fallo, lo cual sería justo entre tanto recaiga a los sujetos procesales, pero no así a terceros que sean ajenos a la causa.

El 22 de marzo de 2013, funcionarios policiales procedieron a allanar y desapoderar el inmueble, en mérito a un mandamiento librado por la Jueza demandada, no obstante de haberse presentado escrito de oposición de 11 de igual mes y año, acompañando el contrato de anticrético de 4 de julio de 2002, con reconocimiento de firmas y rúbricas; a cuyo mérito, la autoridad judicial debió respetar el status de anticresista, aún si el documento no estuviese inscrito en los registros públicos; empero, permitió la ejecución del mandamiento vulnerando los arts. 1319 y 1451 del Código Civil (CC) y la consumación de delitos de orden público, previstos en los arts. 153 y 154 del Código Penal (CP).