SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1588/2013

Sucre, 18 de septiembre de 2013

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA

Magistrada Relatora: Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez

Acción de amparo constitucional

Expediente: 03421-2013-07-AAC

Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 28/2013 de 25 de abril, cursante de fs. 161 a 163, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Héctor Gómez Méndez en representación legal de Jaime Villca Vargas y Johnn Jimmy Arequipa Oropeza contra José Saúl Peredo Ledezma y Miguel Ángel Antezana Pessoa, Gerente General a.i. y Autoridad Sumariante, respectivamente y José René Bustillos Calderón, actual Gerente General, todos de la Caja Nacional de Salud (CNS).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 12 de marzo y 10 de abril de 2013, cursante de fs. 29 a 43 y 48 a 51 vta., los accionantes manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso administrativo interno instaurado en su contra, por el supuesto incumplimiento de las Resoluciones de Directorio 126/11 de 7 de julio, 200/11 de 29 de septiembre y 246/11 de 28 de noviembre, todas de 2011 y por constituir contravención al art. 61 inc. i) del Reglamento Interno de Personal de la CNS, denuncian que es un extremo que no tiene fundamento y a pesar de haber presentado prueba que otorgó la certeza de no haberse conculcado ninguna de las Resoluciones mencionadas, la Autoridad Sumariante de la oficina nacional de la CNS, Miguel Ángel Antezana Pessoa, de manera injusta, emitió la Resolución Sumarial 005/2012 de 2 de marzo, con un deficiente contenido, por haber tomado declaraciones a personas ajenas al proceso sin notificar a los accionantes y por no identificar, específica y concretamente los puntos de las Resoluciones que supuestamente hubieran incumplido.

En cuanto a la Resolución del recurso de revocatoria 003/2012 de 23 de marzo, sostienen que es contradictoria sobre la denuncia que causa la apertura del proceso interno administrativo.

Aluden que el 3 de abril de 2012, los accionantes interpusieron recurso jerárquico contra la resolución de revocatoria 003/2012 de 23 de marzo, donde la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Caja Nacional de Salud, José Saúl Peredo Ledezma, dictó Resolución de recurso jerárquico de 22 de mayo de 2012, resolviendo revocar en parte la Resolución de revocatoria por haberse encontrado errores In iudicando modificándose su contenido agravando la situación de los accionantes, al dictar una Resolución de segunda instancia que vulnera el principio non reformatio in peius, toda vez que no puede modificar la calificación del hecho y menos aún agravar la sanción de forma injusta, ilegal e indebidamente, al privarles de la percepción de sus haberes mensuales completos, ya que en su boleta de noviembre de 2012, se procedió a realizar el descuento del 15%.

En ese sentido, argumentan que la Resolución del recurso jerárquico también fue dictada sin fundamento, motivación y sin tomar en cuenta el principio de congruencia, puesto que no se pronunciaron respecto a los tres puntos solicitados y si bien realizaron un largo detalle en la parte considerativa, efectuaron una relación propia de un tribunal de primera instancia para revocar en parte la Resolución 3/2011 de 23 de marzo, además indicaron que no se pronunciaron sobre la imprecisión en la tipificación, tampoco explicaron de forma racional la agravación de la excesiva sanción, en más no se pronunciaron respecto a las pruebas de reciente obtención; es decir, que omitieron referirse a la Resolución 65/2012 de 26 de marzo, que deja sin efecto el art. 3 de la Resolución 46/2005, por la que se prohíbe la suscripción de más de dos contratos.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El representante de los accionantes considera que se lesionaron sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, al juez natural, al trabajo, a la defensa, al ejercicio de la función pública y los principios de igualdad y proporcionalidad, citando al efecto los arts. 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela, ordenando lo siguiente: a) Dejando sin efecto la Resolución Sumarial 005/2012, la Resolución del recurso de revocatoria, ambas emitidas por la Autoridad Sumariante de la CNS y la Resolución del recurso jerárquico de 22 de mayo de 2012; b) Ordene la devolución del porcentaje de 15% del haber de noviembre; y, c) Condene el pago de costas y se cuantifique el daño ocasionado a su dignidad.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 25 de abril de 2013, según consta en el acta cursante de fs. 158 a 160 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La Secretaria del Tribunal de garantías, en audiencia informó de manera verbal, que a pesar de su legal notificación los accionantes y su abogado, no se hicieron presentes a la audiencia pública de acción de amparo constitucional, por ello procedieron a la lectura del memorial de interposición de la presente acción.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

José René Bustillos Calderón, Gerente General de la CNS, mediante nota, cursante de fs. 65 a 69, informó: 1) En el proceso administrativo interno se cumplieron todos los requisitos del debido proceso, el mismo que se ajusta a la Ley de Administración y Control Gubernamentales y Decreto Supremo (DS) 23318-A de 3 de noviembre de 1992, Reglamento de Procesos internos de la CNS, Reglamento interno de trabajo y Estatuto orgánico de la Caja Nacional de Salud; 2) En el Auto inicial se tipificó la norma contravenida por la acción de los sumariados, siguiendo un proceso en el que se evaluaron las pruebas, emitieron Resoluciones que resolvieron la controversia aplicando una sanción proporcional a la falta administrativa cometida de 10% de haber mensual por única vez, evidenciando que los sumariados gozaron de todos los derechos y las prerrogativas que establece la normativa específica; y, 3) En la resolución del recurso jerárquico al imponer la sanción del 15% de multa por única vez, indican que conforme el art. 29 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG), según la gravedad de la falta, las sanciones de multa pueden ser hasta un 20% de la remuneración mensual, por lo que en el presente caso se ha establecido a todas luces la responsabilidad administrativa de los sumariados -accionantes-.

Miguel Ángel Antezana Pessoa, Autoridad Sumariante de la CNS, mediante informe escrito, cursante de fs. 144 a 155, señaló: i) Efectuando una relación de los hechos, señaló que no se han vulnerado los derechos al debido proceso y a la defensa, toda vez que el proceso se ajustó no sólo al ordenamiento jurídico legal, sino también a los preceptos constitucionales a fin de que los sumariados ejerzan su derecho a la defensa, se valoraron las pruebas aportadas y fueron notificados con todas las Resoluciones emitidas dentro del proceso administrativo; ii) Al aplicar una sanción no se ha vulnerado su derecho al trabajo, debido a que si fuere este el caso, todos los servidores públicos que fueron sancionados de manera disciplinaria interpondrían acciones; iii) Existe un juez natural que sustanció el proceso interno administrativo enmarcándose a un plazo razonable y sin dilación en sus actuaciones, imponiendo una sanción que guarda coherencia con el Reglamento interno de Trabajo, por tanto es proporcional a su responsabilidad; y, iv) Con relación a la incoherencia y la incongruencia entre el Auto inicial, Resolución sumarial y recurso jerárquico, manifestó que el “…Auto inicial denota el incumplimiento de las instrucciones superiores emergentes de la Resolución de directorio, vinculadas con la Contratación de Personal, instrucciones que guardan pertinencia con la Circular - Instructivo 5285 que dispone para la gestión 2012, la continuidad laboral del personal a contrato que desarrolla funciones en la gestión 2011, en ese contexto la Resolución sumarial ASOFNAL 5/2012, estableció ciertamente que los sumariados contravinieron la normativa interna vigente en cuanto al cumplimiento de instrucciones superiores, agravada esta con la emisión de un Reglamento de la Comisión de Contratación de Personal eventual de la C.N.S.-Tupiza, no estando dentro de sus atribuciones de los accionantes el aprobar normativa interna, toda vez que el art. 53 del Estatuto Orgánico de la Caja Nacional de Salud, en ninguna de sus partes establece como atribución de las Autoridades Distritales aprobar estos instrumentos, atribución reservada para el H. Directorio según disponer el D.S. 28719 de 17 de mayo de 2006 en su art. 15, contravención que incluso el Informe Legal 109 de 6 de febrero de 2012 emitido, por el Departamento Jurídico Nacional detecta como contravención a la Resolución 246/2011 de 28 de noviembre…” (sic).

José Saúl Peredo Ledezma, mediante nota de 17 de abril de “2009”, cursante a fs. 121, hizo referencia que su persona ocupó el cargo de Gerente General a.i. de la CNS hasta inicio de diciembre de 2012, ejerciendo en la actualidad otra autoridad titular.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 28/2013 de 25 de abril, cursante de fs. 161 a 163, denegó la tutela solicitada, al no haberse demostrado el principio de subsidiariedad, en base a los siguientes fundamentos: a) Mencionando el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), referido al principio de subsidiariedad, expresó que existiendo recursos ordinarios no se puede acudir directamente a la jurisdicción constitucional; b) Revisando los antecedentes estableció que los accionantes a través de su apoderado legal, no adjuntaron los memoriales -que ellos mismos presentaron- de interposición del recurso de revocatoria y del recurso jerárquico, con el fin de constatar que en esos dos recursos se habrían fundamentado los mismos reclamos que exponen en la presente acción, si no lo hicieron sostienen que perdieron su derecho a acudir directamente a la acción de amparo constitucional, “reiterando que lastimosamente no habrían cumplido con el principio de subsidiariedad” como consecuencia de las Resoluciones emitidas por personeros de la Caja Nacional de Salud, circunstancia que no permite analizar el fondo del asunto; c) No pueden considerar los hechos que dieron lugar al proceso administrativo y disciplinario, tampoco los argumentos del informe de las autoridades demandadas, por cuanto esos hechos corresponden a un tribunal ordinario, al respecto señalando jurisprudencia constitucional indicaron que la jurisdicción constitucional no revisa prueba; y, d) Encontraron abundantes contradicciones en el memorial de interposición de la acción de amparo constitucional, al usar indebidamente el término tipificación errónea de la autoridad sumariante, cuando dicho término corresponde al legislador, siendo que las autoridades califican la conducta de los afectados a un tipo correcto.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Decreto Constitucional de 21 de agosto de 2013, se ha dispuesto la suspensión del plazo a efectos de recabar documentación complementaria.

A partir de la notificación con el proveído de 12 de septiembre de igual año, se reanudó el plazo, por lo que la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se

pronuncia dentro del mismo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Auto Inicial de Proceso Interno Administrativo ASOFNAL 003/2012 de 31 de enero, dictado por Miguel Ángel Antezana Pessoa, Autoridad Sumariante de la CNS (fs. 3 y vta.).

II.2. Según Resolución Sumarial ASOFNAL 005/2012 de 2 de marzo, la Autoridad Sumariante de la CNS, codemandado, estableció la existencia de responsabilidad administrativa de Jaime Villca Vargas y Jhonn Arequipa Oropeza, por el incumplimiento de la instructiva expresa de dar continuidad laboral al personal a contrato que desarrolló su función el 2011 y conforme a la gravedad de la falta, se le impuso la sanción de imposición de multa del 10% de su haber mensual por única vez (fs. 5 a 10).

II.3. A través del memorial presentado el 14 de marzo de 2013, por Jaime Villca Vargas y Johnn Arequipa Oropeza ante la Autoridad Sumariante de la CNS, presentaron recurso de revocatoria (fs. 197 a 201).

II.4. Por Resolución de Recurso de Revocatoria 003/2012 de 23 de marzo, la Autoridad Sumariante de la CNS, ratificó plenamente la Resolución 005/2012 (fs. 11 a 13).

II.5. A través de memorial presentado el 4 de abril de 2013, por los accionantes ante la Autoridad Sumariante de la CNS, presentaron recurso jerárquico (fs. 202 a 204).

II.6. Mediante Resolución de Recurso Jerárquico de 22 de mayo de 2012, el Gerente General a.i de la Caja Nacional de Salud, José Saúl Peredo Ledezma, resolvió: Revocar en parte la Resolución de revocatoria 003/2012 y por lógica consecuencia la Resolución Sumarial ASOFNAL 005/2012, por haberse encontrado errores in iudicando; por lo que, se revoca parte del artículo primero de la Resolución Sumarial ASOFNAL 005/2012. Modificándose su contenido de la siguiente manera: “Establecer responsabilidad administrativa contra del Lic. Jaime Villca Vargas y Dr. Jhonn Arequipa Oropeza (…) en su calidad de autoridades de la Agencia Distrital de Tupiza, no dieron cumplimiento a la instructiva expresa de dar continuidad laboral al personal a contrato que desarrolló trabajo en la gestión 2011, asimismo debido a que las autoridades de la Distrital de Tupiza, mediante Resolución Administrativa N° 008/2011 resolvieron conformar la Comisión de contratación de acuerdo a su Reglamento de la Comisión de Contratación de Personal Eventual de la CNS -Tupiza, norma que no fue aprobada mediante Resolución del Honorable Directorio de la CNS, careciendo de norma legal que respalde y de acuerdo a la gravedad de la falta, en estricta sujeción a lo estipulado por la Ley 1178 (…), en el art. 29, art. 14 del Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública concordante con el art. 3 del Reglamento de Procesos Internos en la Caja Nacional de Salud y en aplicación del art. 154 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, se les impuso la sanción de multa del 15% de la remuneración mensual, descuento que se realizará por única vez…” (sic). Con dicha Resolución los accionantes fueron notificados el 12 de septiembre de 2012 (fs. 17 a 22 vta. y 23).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes consideran vulnerados sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, al juez natural, al trabajo, a la defensa, al ejercicio de la función pública y a los principios de igualdad y proporcionalidad, toda vez que dentro del proceso administrativo interno instaurado en su contra, por el supuesto incumplimiento de las Resoluciones de Directorio 126/11 de 7 de julio, 200/11 de 29 de septiembre y 246/11 de 28 de noviembre, por constituir contravención al art. 61 inc. i) del Reglamento Interno de Personal de la CNS, sostienen que: 1) En el Auto inicial del proceso y la Resolución de la Autoridad Sumariante, establece ambiguamente las faltas disciplinarias, sin identificar de forma correcta la contravención administrativa; 2) La Resolución del recurso de revocatoria es contradictoria a cerca de la denuncia del proceso; y, 3) El Auto inicial del proceso, la Resolución de la autoridad sumariante y la Resolución del recurso jerárquico, carecen de fundamentación, motivación y congruencia, por lo que esta última Resolución, al no pronunciarse respecto a lo peticionado, es más sin explicar las razones de su decisión, agravaron su situación imponiéndole una sanción del 15% de descuento en sus haberes mensuales, privándoles a los accionantes de la percepción completa de sus haberes.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El debido proceso en su elemento de fundamentación y congruencia de las Resoluciones

Al respecto, el Tribunal Constitucional en la SC 1289/2010-R de 13 de septiembre, señaló que: "La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, recogiendo lo señalado en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, ha establecido que el derecho al debido proceso '…exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión'”.

La obligación de fundamentar las resoluciones también es aplicable a las resoluciones que resuelven apelaciones así la SC 0040/2007-R de 31 de enero, haciendo referencia a la SC 0577/2004-R de 15 de abril, indicó que: “Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso (…)” (las negrillas son agregadas).

Por otra parte, la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, reiterando uniformes pronunciamientos de la jurisdicción constitucional, indicó: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

(…)

De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita” (las negrillas nos corresponden).

Por lo expuesto se concluye que, entre los elementos que configuran el debido proceso se encuentra la fundamentación y congruencia de una Resolución, la primera se traduce esencialmente en expresar en su resolución los hechos, pruebas y normas en función de las cuales adopta su posición, además de explicar las razones -el por qué- valora los hechos y pruebas de una manera determinada y el sentido de aplicación de las normas. El segundo elemento que es la congruencia, implica que toda resolución judicial, administrativa o de otro ámbito, contenga una estricta correspondencia o armonía entre lo peticionado y lo resuelto, debiendo existir concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, exponiendo la pretensión de las partes, los motivos o razones de la determinación adoptada, sin pronunciarse a cerca de situaciones no cuestionadas respecto a la Resolución apelada o en casación, dado que el ámbito de su Resolución debe circunscribirse a los aspectos impugnados de quien tiene derecho a recurrir, exigencia que se torna aún más relevante cuando el juez o tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores.

III.2. Análisis del caso concreto

En la presente acción, el representante de los accionantes denuncian una serie de actos lesivos que se suscitaron en el proceso interno administrativo instaurado en su contra, siguiendo el procedimiento correspondiente hasta llegar a la emisión de la Resolución del recurso jerárquico.

Previamente a ingresar al análisis de la problemática planteada, cabe aclarar que únicamente nos vamos a pronunciar acerca de los puntos impugnados a través del recurso jerárquico, por lo que con relación al Auto inicial del proceso y a la Resolución de la Autoridad Sumariante, en la que sostienen que se establecieron de manera confusa las faltas disciplinarias y no se identificaron correctamente la contravención administrativa endilgada a los accionantes, sancionándoles de forma injusta, estableciendo en la Resolución del recurso de revocatoria una multa de 10% de sus haberes mensuales por una sola vez, resultan actuaciones que expresamente no se impugnaron ante el Juez jerárquico y que impiden a este Tribunal a ingresar al fondo de dicha problemática, en virtud al principio de subsidiariedad conforme al art. 129.I de la CPE.

De la lectura de la Resolución del recurso jerárquico, se evidencia que se ha realizado de forma extensa la citación de la normativa aplicable al caso concreto, del mismo modo se advierte que al momento de realizar su fundamentación efectuó una relación de los hechos estableciendo como conclusiones de orden legal, sin pronunciarse acerca de los aspectos

impugnados por los accionantes, que son los siguientes:

a) En el recurso de revocatoria se mantiene la sanción por incumplimiento de la Circular instructiva 5285 de 6 de diciembre de 2011, sobre la continuidad laboral del personal a contrato que desarrolla funciones el 2011, no obstante que en ninguna parte advierte la realización de un tercer contrato, tampoco manifiesta que se dé continuidad laboral en lugares de trabajo que no tienen ítem y que han sido creados por necesidad de servicios.

b) Los accionantes alegan que fueron sancionados atribuyéndoles responsabilidad por un hecho futuro e incierto; vale decir, que son sancionados por una posible contravención de la Resolución de Directorio 246/2011 de 28 de noviembre, sin realizar un análisis de la reglamentación de la Comisión de contratación que en ninguna de sus partes usurpa funciones, además de no existir una expresa conculcación a normas de la Institución, por ello argumentan que si la conducta no se ha dado, no puede ser motivo de sanción.

c) Para imponer una sanción a los accionantes no se ha considerado la complementariedad de las Circulares instructivo 175 de 31 de marzo de 2011 y 5285 de 6 de diciembre del referido año.

Entonces, con relación a la falta de fundamentación, motivación y congruencia, específicamente de la Resolución del recurso jerárquico, cabe señalar que el Gerente General a.i. de la CNS codemandado, además de haber efectuado solamente una relación de los hechos, transcribió los arts. 115.II y 117.I de la CPE, 28, 29 y 38 de la LACG, 28, 30 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), 13, 15, 21, 25 y 28 del Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública, 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del Reglamento de procesos internos de la Caja Nacional de Salud, 61 del Reglamento Interno de Trabajo de Personal de la CNS y el art. 154 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Con relación al fundamento jurídico de la Resolución efectuó una relación detallada de los hechos sin relacionar con las normas citadas anteriormente, asimismo refiere a los tipos de responsabilidad por incumplimiento de los funcionarios públicos, señala jurisprudencia constitucional sobre el alcance, contenido y significado del derecho al debido proceso, además que en lo referente a la valoración de las pruebas según las reglas de la sana crítica simplemente se limitó a enunciar de manera general conceptos y doctrina relativas a la apreciación de la prueba; vale decir, que en el presente caso “ha procedido a considerar como prueba plena (aquellas pruebas que demuestra un hecho sin dejar duda) a la denuncia presentada y el documento adjunto a la misma” (sic), además señaló que a tiempo de concluir “los Jueces hacen al dictar una sentencia es tomar el caso y subsumir el hecho a la ley, existen tres tipos de sentencia: condenatoria (…) Declarativas (…) y constitutivas (…). La doctrina se señala que la sentencia debe responder exactamente a la demanda (ni más ni menos) dentro de lo que enmarca el principio de congruencia” (sic). Finalmente culmina señalando que: “En el presente caso se evidencia incumplimiento de las Resoluciones de Directorio 126/2011 de 07/07/11; 200/2011 de 29/09/11 y 246/11 de 28/11/11, por parte del Lic. Jaime Villca Vargas - Administrador Distrital Tupiza y del Dr. Johnn Arequipa Oropeza - Jéfe Médico Distrital Tupiza, ya que por un lado no dieron continuidad laboral para la gestión 2012, a los contratos de las Licenciadas Rebeca Huayta, Verónica Aguilar Flores y Victoria Esperanza Cuevas Rodríguez…” (sic). Por otra lado, indicaron que: “las autoridades de la Distrital Tupiza, conformaron una Comisión de Contratación distinta a la establecida en la Resolución de Directorio 200/2011, que en su parte resolutiva, punto segundo señala lo siguiente: 'SEGUNDO.- Conformar la Comisión de Incorporación Directa del Personal a Contrato a ítems en acefalía de la Planilla Regulas de la C.N.S. , compuesto por el D. Félix Juan López Cubile - Director Estatal, Prof. Adán Quintana Pantoja - director Laboral, Sr. Daniel Flores Chipana - Director Laboral pasivo, Dr. Saúl Peredo Ledezma - Gerente General a.i. de la Institución y equipo técnico de la Gerencia Administrativa Financiera…' en base a un reglamento que no cuenta con norma legal que la sustente y que además no cuenta con la aprobación del Honorable Directorio de la C.N.S. mediante la respectiva Resolución emitida por esa instancia” (sic).

Por lo expuesto y conforme la jurisprudencia esgrimida en el Fundamento Jurídicos III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte que el Gerente General a.i. de la Caja Nacional de Salud, al emitir la Resolución de Recurso Jerárquico de 22 de mayo de 2012, no ha vertido un criterio que contenga fundamentación clara y concisa que permita explicar con exactitud los motivos por los que asumió tal determinación, además se observa que es incongruente, toda vez que en su raciocinio no se ha pronunciado sobre los puntos que fueron impugnados, omitiendo la precisión de los fundamentos de cada uno de los motivos que llevaron a fallar en cada instancia; pues el hecho de dictar una resolución de exposición ampulosa, ello no significa que exprese sus convicciones que justifiquen de forma razonable su decisión, por cuanto se llega a la determinación de que la Resolución del recurso jerárquico, ha vulnerado el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, instancia a la que corresponde la revisión del recurso de revocatoria.

En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela solicitada, obró parcialmente en forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve:

1° REVOCAR en parte la Resolución 28/2013 de 25 de abril, cursante de fs. 161 a 163, pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, respecto a José Saúl Peredo Ledezma, Gerente General a.i. de la Caja Nacional de Salud, con costas.

2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación a Miguel Ángel Antezana Pessoa, Autoridad Sumariante de la CNS.

3° Disponer que el actual Gerente General de la CNS, una vez notificado con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, emita una nueva Resolución de recurso jerárquico debidamente fundamentada y motivada.

4° Llamar la atención al Tribunal de garantías, por desconocer la jurisprudencia constitucional confundiendo el carácter subsidiario de la presente acción de defensa y por no haber solicitado la remisión de prueba, conforme lo previsto por el art. 35.1 del CPCo.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez

MAGISTRADA

Fdo. Efren Choque Capuma

MAGISTRADO