Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0072/2014
Fecha: 03-Ene-2014
II.2.
II.2. Mediante Resolución fiscal de 7 de diciembre de 2009, el entonces Fiscal de Materia adscrito a la Aduana, José Alberto Céspedes Sibaurre, rechazó las actuaciones policiales dentro del proceso penal por la presunta comisión del delito de contrabando iniciado contra Santiago Ninaja Carlos, en virtud del art. 304 inc. 1) del CPP, toda vez que los tributos omitidos ascendían a la suma de UFVs14 588,50 (catorce mil quinientos ochenta y ocho 50/100 unidades de fomento a la vivienda) y que de acuerdo al “…Art. 56 de la Ley del Presupuesto General de la Nación…” (sic) que modificó el art. 181 del CTB se considera como una contravención aduanera, puesto que elevó a UFV's 200.000, el monto a partir del cual se constituye como delito de contrabando, por lo que al ser menor que el monto señalado fue considerado como contrabando contravencional, mismo que debe ser tramitada por la vía contravencional, disponiendo la remisión de antecedentes ante la Aduana Regional-Tarija (fs. 11 a 13 del Anexo 1); extremo que también se advierte por el Instructivo 573/2009 de 4 de agosto, por el cual el entonces Fiscal General de la República instruyó a todos los Fiscales de Distrito, se dé cumplimiento a la mencionada Ley Financial, disponiéndose que los fiscales de materia que tengan casos asignados en materia aduanera, procedan a la readecuación de los mismos, a fin que la administración aduanera asuma el conocimiento de los casos contravencionales (fs. 106 y 107 del Anexo 1).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- concedió en parte
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.2.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional. Su configuración constitucional
- III.2. El debido proceso y el deber de fundamentación de las resoluciones
- III.2.1. El deber de fundamentación en materia penal
- Fragmento 20
- III.2.2. La exigencia de fundamentación de la imputación formal
- (queda claro que no se puede considerar imputado al destinatario de una burda atribución de un delito, que de lógico no va ameritar el inicio de investigación alguna).
- La imputación formal ya no es la simple atribución de un hecho punible a una persona, sino que la misma debe sustentarse en la existencia de indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo,
- III.2.3. La motivación de las resoluciones en segunda instancia y el deber de pronunciarse respecto a la totalidad de las cuestiones impugnadas
- III.3. La tutela constitucional por grosera y manifiesta vulneración del principio de legalidad y del mandato de certeza en la imputación formal
- Si bien es cierto que este Tribunal ha sentado la línea jurisprudencial según la cual, este órgano jurisdiccional no entra a analizar problemas vinculados a la calificación de la supuesta conducta delictiva (tipicidad), ello no significa que cuando se presenta una lesión grosera al principio de legalidad y dentro de ello al principio de certeza que el tipo penal representa, no deba ejercer tal control destinado a restablecer la eficacia material de los derechos y garantías de las personas, que es uno de los cometidos primordiales que la Constitución (…).
- De esto emerge el deber jurídico del fiscal, juez o tribunal, que ante un hecho concreto sometido a investigación o acusación, sólo es subsumible la acción concreta o real en un tipo descrito por la ley penal, cuando existe coincidencia plena entre una y otra. Una actuación discrecional o arbitraria vulnera el principio de certeza, en que se asienta el sistema penal boliviano por mandato constitucional, así como de las demás legislaciones penales de esta órbita de cultura
- III.4. Análisis del caso concreto
- puesto que el tipo objetivo del art. 153 del CP, no contaba con uno de sus elementos esenciales, que es la resolución dictada contra ley y que forma parte del verbo rector del tipo, pues como se señaló, dicha Resolución había dejado de existir un año atrás debido a un saneamiento procesal judicial. Asimismo, al no existir una adecuada subsunción al tipo penal por parte del Ministerio Público, se ha vulnerado el debido proceso en su componente de debida fundamentación, al consignar la descripción de un hecho inexistente en la imputación formal (art. 302 inc. 3) del CPP).
- Por otra parte, la imputación formal cuestionada también lesionó el principio de legalidad y el mandato de certeza, toda vez que el tipo penal previsto y sancionado en el art. 153 del CP, en su dimensión subjetiva, exige la existencia de dolo para su realización, ello de acuerdo a la regla general contenida en el art. 13 quater del CP, que establece que todo delito es doloso y que su forma culposa debe estar expresamente conminada con pena, extremo que en el presente caso es por demás elemental y evidente, pues queda claro que la voluntad del accionante al emitir la Resolución de rechazo, era la de deslindar de responsabilidad penal al imputado, que si bien se equivocó en el mecanismo procedimental idóneo (sobreseimiento), en ningún momento pretendió lesionar el bien jurídico protegido por el tipo penal, que es la función pública, caso contrario habría emitido acusación, a sabiendas que el hecho investigado ya no constituía delito; por el contrario, el accionante dispuso la remisión de antecedentes ante la Aduana Regional-Tarija para que se continúe con el proceso administrativo contravencional. Además, se debe considerar que éste tipo penal se encuentra clasificado dentro de los delitos cometidos con abuso de autoridad, razón por la cual el dolo debe estar dirigido a tal efecto (conocimiento y voluntad de dictar resoluciones contrarias a la ley en evidente abuso de autoridad). En todo caso, si existía alguna responsabilidad contra el accionante, debió ser considerada en la vía disciplinaria administrativa, por negligencia o impericia, pero no así en el ámbito del derecho penal.
- Estas vulneraciones advertidas fueron denunciadas ante las autoridades jurisdiccionales, es decir, en primera instancia al Juez Segundo de Instrucción en lo Penal, mediante incidente de actividad procesal defectuosa de 12 de julio de 2012, y en grado de apelación ante los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Tarija, autoridades que lejos de restituir los mismos, a cuya tarea están constreñidos como jueces de garantías en la etapa preparatoria, bajo argumentos formalistas validaron el actuar inapropiado del Ministerio Público, evitando pronunciarse sobre los argumentos de fondo respecto a la lesiones invocadas por el accionante, vinculadas al principio de legalidad y la garantía del tipo penal, conforme se explicó precedentemente, limitándose a una visión superficial de la facultad de imputación del Ministerio Público y de la división de funciones dentro del proceso penal, como si se tratase de una facultad irrestricta y discrecional, que no está sujeta a ningún límite ni control, y que por tanto no les es permitido pronunciarse ante la manifiesta lesión de los principios, derechos y garantías más elementales que rigen el derecho penal sustantivo, que a su vez sirve de sustento al adjetivo; por lo que corresponde conceder la tutela impetrada respecto a las autoridades jurisdiccionales demandadas, al haber denegado la eficacia material de los derecho al debido proceso y de defensa del accionante.
- CONFIRMAR en todo