SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0149/2014

           Asimismo considerando este entendimiento la SCP 0567/2012 de 20 de julio, con relación al derecho al trabajo y su configuración constitucional precisó lo siguiente: “A decir de Drzewicki: 'El derecho al trabajo y los derechos en el trabajo constituyen un núcleo, no sólo de los derechos socioeconómicos, sino también de los derechos humanos fundamentales. Un denominador central de derechos relacionados con el trabajo, en términos de su objeto o contenido, parece ser 'una labor' (trabajo). En su tradicional por estrecho sentido, el trabajo ha sido percibido como un medio de ganarse la vida, o en otras palabras, sólo un medio de supervivencia económica. A principios del siglo XX, otra perspectiva más importante y global empezó a ser discutida: la interdependencia entre las condiciones laborales, la justicia social y la paz universal. Adicionalmente las percepciones modernas han intensificado positivamente el concepto del trabajo como valor humano, una necesidad social y un medio de auto-realización y desarrollo de la personalidad humana'.

'I. Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.

De lo expuesto, se infiere que el derecho al trabajo está garantizado por el Estado quien tiene la obligación de precautelar las condiciones del ejercicio de este derecho, en términos de seguro social, seguridad industrial e inamovilidad laboral o funcionaria; derechos que se preservan en tanto el funcionario o trabajador cumpla con sus funciones acorde a las disposiciones de carácter interno y demás disposiciones del ordenamiento jurídico nacional, caso contrario se justifica la imposición de una sanción o en definitiva una desvinculación laboral, con el único requisito de que esta medida sea adoptada previo proceso administrativo substanciado en el ámbito del debido proceso.