SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0519/2014
Fecha: 07-Mar-2014
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En la gestión 2011, ingresaron a la ANAPOL, con la intención de graduarse como Oficiales de Policía; sin embargo, al finalizar la gestión académica del referido año, a causa de factores personales que afectaron su rendimiento académico, reprobaron el semestre en la materia de Estadística, motivo por el que fueron habilitados al examen de segunda instancia conforme establece el art. 11 del Reglamento de Evaluaciones de la UNIPOL, por lo que efectivizado el examen por escrito, el docente de manera casi inmediata les comunicó que obtuvieron la nota de cincuenta puntos; empero, desconocían cual el puntaje que correspondía al examen, así como la distribución del mismo por pregunta, motivo por el cual amparados en el art. 17 del Reglamento de Evaluación solicitaron la revisión de sus exámenes, acto admitido por el Consejo de la ANAPOL y programado para el 13 de enero de 2012, en el que el docente de la materia pese a las observaciones efectuadas sobre algunas preguntas concisas, respondió “te habilito esta y la otra te anulo” (sic.), lo que generó duda sobre su idoneidad.
Señalan, que Rensso Mercado Heredia, Jefe “DIPES” de la ANAPOL, presentó los informes 01/2012 y 017/2012, haciendo conocer al Sub Director de dicha Academia, la obtención de 50 puntos en el examen de segunda instancia, los mismos que fueron remitidos sin que tengan conocimiento al Consejo de la referida Academia, quienes emitieron la Resolución Administrativa (RA) 013/12 de 27 de enero de 2012, disponiendo su baja de la ANAPOL, por “deficiencia académica”, en contradicción a las normas del sistema académico de la UNIPOL, las mismas que rigen las evaluaciones; por lo que, el 30 de enero del mencionado año, abruptamente fueron echados de la ANAPOL.
Alegan, que el 2 de febrero de 2012, interpusieron recurso de revocatoria contra la resolución 013/12, haciendo notar la conducta del docente y la falta de correcta aplicación de las normas del sistema educativo policial referente a la evaluación en el examen de segunda instancia, aspectos que no fueron valorados en las Resoluciones Administrativas (RRAA) 061/12 y 062/12, ambas de 15 de marzo de 2012, las cuales resolvieron confirmar en todas sus partes la RA 013/2012, de manera mecánica y repetitiva, por lo que el 12 de abril del referido año, interpusieron recurso jerárquico contra la Resolución 013/2012 de primera instancia y las RRAA 061/2012 y 062/2012, haciendo notar la deficiencia en la evaluación de segunda instancia y la carencia de un informe técnico pedagógico jurídico, por lo que el Rector de la UNIPOL a través de las RRAA 051/2012 y 052/2012 de 18 de junio resolvió confirmar en todas sus partes las Resoluciones Administrativas impugnadas, realizando solo una cita de toda la normativa constitucional y educativa de la UNIPOL, “sin una correcta valoración de la apelación y el procedimiento aplicado para disponer su baja” (sic.), además de no pronunciarse sobre cuestiones planteadas en la misma. En este entendido consideran que todas las resoluciones mencionadas fueron emitidas sin cumplir con la debida fundamentación y motivación requerida.
Concluyen señalando, que el Consejo Académico de la ANAPOL y la UNIPOL, emitieron la referidas Resoluciones en franca discriminación de otros cadetes, ya que en el caso similar de Yheny Yaneth Callisaya Choque, en el que se interpuso recurso jerárquico ante el Rector de la UNIPOL, se dispuso a diferencia de lo que ocurre en su caso, que el Asesor Pedagógico revise el examen de la mencionada, además dicho dictamen fue considerado en la RA 053/2012 de 30 de agosto, la cual dispuso la nulidad de la resoluciones del Consejo de la ANAPOL, que se retrotraigan los actos al momento del examen, e instruyó que se recepcione uno nuevo, además de la reincorporación de la mencionada cadete; sin embargo, dicho procedimiento no fue aplicado en su caso.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- concedió en parte
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- II.10.
- II.11.
- II.12.
- II.13.
- II.14.
- III.1. La acción de amparo constitucional, su naturaleza jurídica
- asegura a las partes el conocimiento de las resoluciones pronunciadas por el órgano judicial o administrativo actuante durante el proceso a objeto de que puedan comparecer en el juicio y asumir defensa.
- asegura a las partes el conocimiento de las resoluciones pronunciadas por el órgano judicial o administrativo actuante durante el proceso, a objeto de que pueda comparecer en el juicio y asumir defensa, y en su caso hacer uso efectivo de los recursos que la ley le franquea.
- No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad,
- el derecho al debido proceso no solamente es exigible dentro de los procesos judiciales, sino que también abarcan a los procesos administrativos, jurisprudencia que no contradice los principios constitucionales; y que por lo tanto, es compatible con la Constitución vigente
- Fragmento 26
- constituyendo sus elementos la intervención de un juez independiente, competente e imparcial, el emplazamiento válido, el derecho a ser oído, a poder probar lo alegado, a la fundamentación de los fallos, al control constitucional del proceso y la doble instancia
- Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma
- cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido
- el juez o tribunal, dentro de un procedimiento judicial, emitirán su fallo exponiendo con claridad los motivos en los cuales sustentan su decisión, con la finalidad de dejar certeza a las partes actoras del litigio que se obró conforme a la normativa legal vigente, tanto sustantiva como adjetiva, además, en franco respeto por los principios y valores que rigen el ordenamiento jurídico;
- una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, debiendo expresar la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución asumida
- que toda resolución necesariamente debe estar motivada y fundamentada, respetando además el principio de congruencia que se constituye en componente de la garantía del debido proceso y exige plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de una resolución
- Las resoluciones pronunciadas en el ámbito judicial o administrativo, deben estar debidamente fundamentadas, es decir que deben apreciarse y valorarse cada una de las pruebas aportadas, sean de cargo como de descargo, relacionándolas con los hechos y citando las disposiciones legales que sustentan la decisión
- “…a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, e) Debe valorar da manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de los ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuentica jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado
- La motivación de las resoluciones administrativas, es un deber ineludible del tribunal o autoridad de segunda instancia, que por delegación se le asigna la tarea de enmendar, cuando correspondiere las vulneraciones de derechos surgidas en el tribunal o autoridad de origen. La motivación de las resoluciones debe ser comprensible, puntual, concreta y en todos los casos lógica, incluyendo el análisis de todos los aspectos relacionados al asunto principal y de aquellos otros derivados del eje central en cuestión (mínima petita), correspondiendo efectuarse una relación de causalidad estrecha entre los hechos y la normativa inherente al caso específico.
- Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados
- En tanto y en cuanto, las RRAA de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes.
- igualdad,
- II.
- En primer lugar, debe tomarse en cuenta que la igualdad,
- el medio idóneo para que el legislador cumpla con el mandato de este principio es aplicando la máxima o fórmula clásica: "se debe tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual". En eso consiste la verdadera igualdad. A quienes presentan similares condiciones, situaciones, coyunturas, circunstancias, etc., se les puede tratar igualmente; pero, cuando existen diferencias profundas y objetivas que no pueden dejarse de lado, se debe tratar en forma desigual, porque solamente de esa manera podrá establecerse un equilibrio entre ambas partes. La Ley es la que tiene que establecer los casos, formas y alcances de los tratamientos desiguales.
- En consecuencia, no toda desigualdad constituye necesariamente, una discriminación, la igualdad sólo se viola si la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable, y la existencia de dicha justificación debe apreciarse según la finalidad y los efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida.
- Fragmento 43
- III.
- El derecho a la educación confiere a todo ser humano el acceso a un sistema educativo en todos los niveles avalando su formación como un alto fin del Estado. En conclusión, el derecho a la educación, requiere de los poderes públicos acciones reales que garanticen en todos los casos su efectivo disfrute. El derecho a la educación es un derecho increcendo en su ejercicio, en tanto y cuanto se adquiera una mayor formación en los distintos niveles del proceso de aprendizaje, mejorando el nivel de vida y siendo útil a la sociedad, fines de éstos encaminados al “Vivir Bien”
- III.5. Análisis del caso concreto
- a) Los actos del Consejo de la ANAPOL
- b) De los actos del Director Nacional de Instrucción y Enseñanza y Rector de la UNIPOL
- III.5.2. Con relación a lo alegado por Alberto Antonio Terán Escobar
- CONFIRMAR
- 1° CONCEDER