SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1605/2014

           En ese sentido, la jurisprudencia constitucional, estableció lo ante dicho como regla general, así la SCP 0130/2012 de 2 de mayo, señaló que: “la facultad de valoración de la prueba corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios o a las instancias ante las que se tramitaron esos procesos, no siendo pertinente que el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncie sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de dichas instancias y menos aún atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba efectuada por las autoridades judiciales o administrativas competentes, toda vez que el recurso de amparo constitucional tiene como única finalidad el restablecer los derechos fundamentales que fueron conculcados por autoridades o particulares”.

           No obstante, la precitada regla, conlleva una excepción, dado que de manera muy excepcional, la jurisdicción constitucional, puede determinar si se valoró o no la prueba, o si se omitió alguna valoración pese a su presentación oportuna, o si la misma resulta arbitraria e irracional, así lo estableció el extinto Tribunal Constitucional en la SC 0285/2010-R de 7 de junio, entre otras, al señalar que: “…el Tribunal Constitucional precautelando los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos y en cumplimiento de una de las finalidades por las que ha sido creado este órgano, como es el respeto y vigencia de los derechos y garantías fundamentales de las personas, ha establecido (…) los únicos supuestos para que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la valoración realizada por dichas autoridades: 1) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; y, 2) En caso de que se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y garantías fundamentales.